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Aung San Suu Kyi se encuentra bajo arresto domiciliario desde la asonada militar del pasado 1 de febrero contra el gobierno myanma.

Aung San Suu Kyi se encuentra bajo arresto domiciliario desde la asonada militar del pasado 1 de febrero contra el gobierno myanma. | Foto: Twitter: Consejería de Estado. Myanmar

Publicado 14 junio 2021



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Suu Kyi, de 75 años, se encuentra bajo arresto domiciliario desde febrero y está acusada de cometer decenas de delitos.

Un tribunal especial de justicia en Myanmar comenzó este lunes a escuchar los alegatos presentados por la fiscalía contra la lideresa Aung San Suu Kyi, en la primera jornada del juicio contra la presidenta del partido Liga Nacional para la Democracia, a más de cuatro meses de que los militares tomaron el poder.

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De ser hallada culpable, Suu Kyi, quien está detenida desde el golpe de Estado perpetrado por los militares el 1 de febrero, se enfrenta a penas de cárcel y sería inhabilitada de cara a las elecciones prometidas por la nueva junta militar, sin fecha fijada todavía.

Suu Kyi, de 75 años y que ya pasó más de quince años bajo arresto domiciliario bajo la extinta junta militar, está siendo juzgada junto al expresidente Win Myint y al exgobernador de Naipyidó, Myo Aung.

La depuesta Consejera de Estado y ministra de Relaciones Exteriores afronta dos cargos por vulnerar la Ley de Desastres Naturales, vinculados a la normas de seguridad establecidas para combatir la propagación de la Covid-19, con una condena máxima de tres años.

El ejército birmano justifica la asonada militar por un presunto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que ganó con claridad el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales. 

La junta ha remarcado que las medidas tomadas tras el golpe tienen como objetivo proteger la democracia y han insistido en que se produjo un fraude electoral en noviembre. 

Sin embargo el cargo más importante hasta la fecha presentado contra Suu Kyi es la acusación de transgredir la Ley de Secretos Oficiales, una norma dictada durante la época colonial y que cuenta con una pena máxima de hasta 14 años de prisión.

Más de cuatro meses después de la asonada, la junta militar sigue sin tener el control completo del país a pesar de la brutal violencia utilizada contra la oposición popular y que ha causado hasta la fecha al menos decenas de muertos.


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