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Durante la audiencia ambos exmandatarios escuchaban con atención mientras sus defensores se veían molestos.

Durante la audiencia ambos exmandatarios escuchaban con atención mientras sus defensores se veían molestos. | Foto: CICIG

Publicado 27 octubre 2017



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Pérez Molina y Baldetti están en prisión preventiva desde hace más de dos años, considerados los líderes de la red compuesta por funcionarios, empresarios y exfuncionarios de varias entidades del Estado.

El juez Miguel Ángel Gálvez envió este viernes a juicio al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y a la exvicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, por estar implicados en liderar la red de defraudación aduanera “La Línea" entre 2012 y 2015. 

El juez Gálvez alegó que el exmandatario era culpable de la participación de ambos en los delitos de la defraudación aduanera, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Agregó que a través de la estructura delictiva en la que supuestamente participaban Molina y Baldetti, estos recibieron sobornos millonarios.

La decisión del juez se demoró cuatro días debido a que hay 30 acusados en el caso, que llevan dos años y medio en prisión, luego que la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hicieran pública una investigación sobre una estructura integrada por los exmandatarios, funcionarios, empresarios y particulares involucrados en una supuesta defraudación aduanera por varios millones de dólares.

De los 30 acusados, 28 enfrentarán juicio y dos fueron liberados provisionalmente mientras se investiga su participación. El juez no descartó que haya más personas involucradas en el caso y ordenó a la Fiscalía investigar más.

La fiscalía acusa al exjefe de Estado y a la exvicepresidenta, quienes gobernaron entre 2012 y 2015, de ser los líderes de la estructura denominada “La Línea”, que defraudaba al Estado a través de sobornos y comisiones pagadas en las principales aduanas del país.

Pérez y Baldetti han negado los cargos y responsabilizado a la fiscal general Thelma Aldana y al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, de “inventar” un caso sin pruebas contra ambos. 

Miles de guatemaltecos manifestaron contra los mandatarios luego de que se anunció la investigación en abril de 2015, por lo que se vieron obligados a renunciar a sus cargos.


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