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Para estas organizaciones no es un caso jurídico, sino de persecución, que busca callar a las voces que se han manifestado tradicionalmente en contra de los proyectos mineros.
La Alianza Centroamericana Contra la Minería y la Mesa Nacional Frente a la Minería de El Salvador, en representación de 245 organizaciones nacionales e internacionales, solicitaron a la Fiscalía General de la República la libertad definitiva de los lideres ambientalistas de la Comunidad de Santa Marta.
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Piden retirar cargos contra cinco ambientalistas en El Salvador
El documento dirigido al fiscal general, Rodolfo Delgado, explica que para estas organizaciones no es un caso jurídico, sino de persecución, que busca callar las voces que se han manifestado tradicionalmente en contra de los proyectos mineros.
“La carta que se presenta hoy retira denuncias realizadas por organizaciones ambientales y de Derechos Humanos de El Salvador, que las detenciones tienen motivación política ya que buscan criminalizar la lucha ambiental y desmovilizar la oposición comunitaria, que por años ha promovido la sustentabilidad ambiental y la defensa del agua frente al extractivismo”, afirmó el miembro de la comunidad de Santa Marta, Milton Rivas.
#RedArpas I Organizaciones de 31 países, presentaron una carta a la Fiscalía General de La República de El Salvador exigiendo que se retiren los cargos contra cinco líderes comunitarios ambientales y defensores de derechos, de Santa Marta y ADES Santa Marta, Cabañas. pic.twitter.com/9vbDXJ9uzM
— Red Informativa de Arpas (@arpassv) February 16, 2024
Asimismo, agregó que “la detención de los cinco defensores indica una ofensiva contra la sociedad civil, bajo un régimen progresivamente autoritario, y una señal de que el Gobierno podría intentar reanudar las operaciones de minería metálica en territorio centroamericano como una alternativa para compensar sus políticas económicas fallidas”.
Dichos líderes fueron capturados el 11 de enero pasado en medio de un fuerte activo policial y militar en su territorio y en las oficinas de la Asociación para el Desarrollo Económico Social (ADES).
Estuvieron en prisión siete meses hasta que el Juzgado de Sensuntepeque les otorgó el arresto domiciliario, pero estas organizaciones exigen su liberación definitiva.
