Presidente argentino declara que no aumentará salario mínimo

El presidente de Argentina, Javier Milei, declaró este viernes a medios de prensa que no tiene planes de firmar un decreto para actualizar el salario mínimo, vital y móvil, en medio del proceso inflacionario a que hace frente el país, y dijo que tampoco tiene previsto convocar a una paritaria nacional del sector docente.

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Apuntó que el incremento del salario mínimo ha de ser abordado por los trabajadores con sus empleadores y que las negociaciones paritarias docentes dependen de cada provincia. 

En paralelo, defendió que las altas tarifas de electricidad y otros servicios son adecuadas pues obedecen el mercado y ayudarán a hacer frente a la inflación. Dijo que no se relajará hasta no asegurar el equilibrio fiscal.

Además, anunció que avanzará en la eliminación por decreto de algunos fondos fiduciarios, con lo cual eliminaría alrededor de 2.000 millones de dólares a ingresos que hasta el momento se entregan a las provincias y habitualmente se utilizan como presupuestos para financiar programas públicos. Ha alegado reiteradamente que el uso de estos fondos no es transparente.

Previamente, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en que acusó a Milei de boicotear la negociación para elevar en un 85 por ciento a partir del próximo 1ro de febrero, según la propuesta de los sindicatos, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Este jueves, los sindicatos y los empresarios se reunieron para analizar la propuesta gremial de elevar el SMVM de 156.000 pesos (unos 186 dólares), a 288.600 pesos (unos 345 dólares). Sin embargo, los empresarios rechazaron la oferta y el encuentro concluyó sin acuerdo. 

Al valorar lo ocurrido, la CGT manifestó que tal desenlace confirmó "la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos", con un proceso  inflacionario asfixiante y aumentos de tarifas "intolerables e injustificables".

Lo ocurrido también fue criticado por la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la CTA Autónoma, que consideraron que el Ejecutivo y los empresarios actuaron de manera cómplice en contra de los intereses de los trabajadores.