Presentan amparo contra Congreso de Guatemala por presupuesto

Autoridades ancestrales de Guatemala presentaron este lunes un amparo contra el Congreso, el cual aprobó un presupuesto para el próximo año, el cual, según las comunidades indígenas, no responde a las necesidades del pueblo de la nación centroamericana.

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El líder indígena de Chuarrancho, Santos Alvarado, señaló que la acción fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en defensa del “derecho común de nuestros pueblos y del pueblo de Guatemala en general”.

A finales de noviembre, el Congreso aprobó un presupuesto nacional de 124.879 millones de quetzales, a pesar de los reclamos del gobierno electo del presidente Bernardo Arévalo.

En este sentido, el subtitular del Movimiento Semilla, Román Castellanos, apuntó que la bancada votó en contra debido a que este presupuesto “no es un instrumento afectivo para el desarrollo del país”.

A su vez, destacó que no pone controles efectivos para la transparencia o para el combate contra la corrupción mientras añadió que “viene a premiar a los golpistas y a castigar al pueblo de Guatemala”.

De igual forma, el diputado de Visión con Valores (Viva), Armando Castillo, indicó que se trata de un presupuesto que no es “técnico” ni pensado en la población.

“Quiero recordarles que un presupuesto se defina como el instrumento de desarrollo para ese y cualquier otro país, no solo es la suma y balance de partidas, un presupuesto refleja la intención de los gobernantes, y en este caso de los congresistas”, recalcó.

Luego de dos semanas de plantón indefinido, las autoridades ancestrales de Iximulew aseguraron que el próximo mes continuarían las manifestaciones en aras de apoyar las demandas populares.

Las movilizaciones continuas en el país centroamericano son el resultado de la indignación social del pueblo guatemalteco, ante un “intento” de cambiar los recientes resultados electorales.

En la mira de los manifestantes están la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como del encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, Rafael Curruchiche, quien dirige las investigaciones contra el partido Movimiento Semilla, con el que ganó las elecciones el presidente electo Bernardo Arévalo.

También el juez Fredy Orellana, quien emitió la orden para un allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral y la orden de suspensión del Movimiento Semilla. Los tres han sido incluidos por Estados Unidos en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.

El paro y los bloqueos comenzaron el 2 de octubre por iniciativa de las autoridades indígenas con la toma de varias carreteras y una protesta permanente frente a la sede del ministerio público después de que este se incautara de las actas con los resultados de las votaciones, pese a la oposición de los magistrados electorales, que denunciaron la pérdida de la custodia del voto ciudadano.