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Canciller Roberto Álvarez señala que el canal que construye Haití en ese río fronterizo no se corresponde con el proyecto original presentado.
El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, compareció este miércoles ante el Senado y aseveró que una declaración conjunta sobre el río Masacre, en la frontera con Haití, emitida el 27 de mayo de 2021 por la Comisión Mixta Binacional, no tiene fuerza jurídica.
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En el cuarto considerando de dicho documento se reconoce "que la obra iniciada (por Haití) en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río", argumento utilizado por la parte haitiana para seguir adelante con la infraestructura.
Aunque esa declaración conjunta fue consensuada entre delegados de ambas naciones, Álvarez señaló que no tiene valor jurídico pues él no la firmó. Enfatizó que para que tenga fuerza vinculante requiere su rúbica y la del presidente Luis Abinader.
En aras de mantener la política de transparencia y fortalecer la cultura de rendición de cuentas, hoy el canciller, Roberto Álvarez, ha comparecido ante el Senado para explicar el estatus de la construcción ilegal de un canal en el río Masacre o Dajabón. pic.twitter.com/tV3DhmCbjn
— Alexis Victoria Yeb (@avictoria_yeb) October 4, 2023
El funcionario explicó a los senadores que la obra actual desviará de manera unilateral el agua del referido cauce en la provincia de Dajabón (oeste) y causará perjuicios a residentes y productores de alimentos en el lado dominicano.
Aseguró que, tras la sesión de la Comisión Mixta Binacional del 27 de mayo de 2021, técnicos dominicanos llegaron a la conclusión que la obra actual no se corresponde con el proyecto presentado por Haití. Añadió que las obras que se llevan a cabo en el lado haitiano son improvisaciones, según expertos dominicanos.
Subrayó que República Dominicana no ha concedido a Haití el derecho al uso regulado del agua del cauce. Ratificó que únicamente retomarán las conversaciones binacionales sobre el tema si Puerto Príncipe detiene la construcción.
El conflicto en torno al canal generó una crisis bilateral y Abinader decretó el cierre total de la frontera. Según reportes de prensa, la obra tendría carácter privado y desviaría agua para venderla a predios agrícolas.
En un mensaje a la nación, el 17 de septiembre pasado, el Presidente dominicano precisó que la construcción se inició en agosto de 2018 de manera unilateral, inconsulta e ilegal -dijo-, al margen de documentos firmados por ambas naciones en que se fijan obligaciones para el uso de recursos en la frontera común.
La obra se detuvo luego del magnicidio del expresidente Jovenel Moïse (julio de 2021), pero se reinició hace varias semanas. Diarios dominicanos informaron que el extremo del canal que llega hasta el río está próximo a terminarse.
