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La demanda por el caso YPF se originó por la estatización de la empresa.

La demanda por el caso YPF se originó por la estatización de la empresa. | Foto: EFE

Publicado 24 junio 2019

El máximo tribunal de Estados Unidos anunció que el juicio contra Argentina por la expropiación de YPF se llevará a cabo en Nueva York.

La Corte Suprema de Estados Unidos, dio a conocer este lunes su fallo de dónde se llevará a cabo el juicio contra el Estado argentino por la expropiación de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El órgano judicial indicó que será en un tribunal del distrito Sur de Nueva York, y no en Argentina como lo había solicitado el Gobierno del presidente Mauricio Macri.

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Con esta decisión, el máximo tribunal de EE.UU. desestimó un pedido del Gobierno argentino para que evalúe si un juicio contra YPF debía realizarse en el país latino, lo que representa un duro revés  para Argentina ya que pierde su oportunidad para dirimir el conflicto.

Este pronunciamiento del tribunal estadounidense, está relacionado con una una demanda por unos tres mil millones de dólares presentada por el estudio jurídico neoyorquino Burford Capital, en representación de dos accionistas minoritarios cuando YPF fue reestatizada.

 

La demanda contra la nación latina surge en 2012 durante el Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en su gestión nacionalizó la compañía, adquiriendo el 51 por ciento de sus acciones.

Su origen radica durante la administración del fallecido expresidente, Néstor Kirchner, cuando empresarios locales allegados al Ejecutivo adquirieron préstamos para lograr incorporar el 25 por ciento de la compañía, obteniendo el financiamiento de la empresa que vendía su parte, Repsol, y de otras entidades bancarias internacionales. Antes, YPF era dirigida por Repsol, una firma española dedicada al rubro energético.

El pago de esos préstamos estaba atado a las próximas ganancias de YPF, pero en 2012, cuando se estatizó la empresa mediante una expropiación, el Gobierno de Fernández de Kirchner suspendió esos pagos y destinó el dinero a la inversión de la propia compañía.

La demanda acusa a Argentina de expropiar el 51 por ciento de YPF en violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una oferta pública.


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