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El Ministerio de Defensa de Colombia señaló que el ataque fue producto de una disidencia de las Farc, mientras que líderes de la comunidad aseguran que la Policía Nacional les disparó a quemarropa.
El pasado jueves ocho personas murieron y al menos 50 quedaron heridas en un ataque que aún no se ha esclarecido, en el municipio de Tumaco, en el suroeste de Colombia.
Versiones preliminares señalan que la tragedia ocurrió sobre las 10H00 hora local, cuando un grupo de más de 200 campesinos e indígenas se encontraban en esa zona protestando contra la erradicación forzada de matas de coca que iba a realizar una unidad del Ejército Nacional.
Hasta ahora, existen dos versiones distintas de lo ocurrido: una proporcionada por asociaciones de cultivadores de la zona y otra ofrecida por el Ejército Nacional.
Un ataque de la Policía
Según organizaciones sociales del sector, desde el pasado 28 de septiembre, unos mil campesinos de esa área (departamento de Nariño) empezaron a "movilizarse" en respuesta a la llegada de más de mil integrantes de la Fuerza Pública, que tenían por objetivo la "erradicación forzosa", informó Alejandra Torres, coordinadora nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam).
La representante aseguró que campesinos, cultivadores de hoja de coca e integrantes de la organización llamada Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), formaron una especie de escudo alrededor de cultivos de uso ilícito, "no en el marco de una confrontación con la fuerza pública, sino de cercos humanitarios que eviten la erradicación forzosa".
Afirmó que la situación llevaba así una semana hasta que, esta mañana (jueves), la Policía "abrió fuego".
Además, informó que la organización solicitó ambulancias para trasladar a los heridos y la presencia de una comisión humanitaria que acompañe la situación.
También pidió la presencia de la Defensoría del Pueblo para "reaccionar ante la gravedad de los hechos", y habló de que en realidad son nueve las personas que habrían perdido la vida.
Torres aseguró que no había organismos ni estatales ni de derechos humanos verificando la situación en esta vereda de Tumaco, y que su asociación (Coccam) está gestionando el arribo de la Defensoría, la Gobernación y la ONU al sector.
La presencia de entidades de ese tipo podría servir para esclarecer lo que ocurrió en la zona rural de Tumaco.
La organización afirma en un comunicado de prensa que "el informe de Ejército y Policía (son) un intento para justificar su accionar desmedido e irracional, en una clara vulneración a los derechos humanos".
Hubo infiltrados que atacaron
La Fuerza Pública insiste en que el pasado 5 de octubre miembros de la Policía y del Ejército escoltaban a grupos móviles de erradicación de cultivos ilícitos.
Según ellos, Daniel Aldana, alias Guacho y su grupo de apoyo (a criterio del Gobierno colombiano, una facción disidente de la exorganización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC- EP) "lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud".
Según ese reporte, después de usar los cilindros, los disidentes habrían disparado indiscriminadamente con fusiles y ametralladoras "a los manifestantes y a las autoridades".
Además, aseguró la Fuerza Pública, que Guacho y su banda "llevan a la población a la supuesta protesta social forzadamente (…) para proteger la erradicación de los cultivos ilícitos que pertenecen a esa organización criminal".
Para Asominuma, la prueba de que no explotaron los cilindros es que ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido reportado como herido "ni con esquirlas ni con disparos de fusil y ametralladoras que dicen se habrían accionado en su contra".
Pugna entre el Estado y la población
Estas versiones encontradas se dan en un territorio afectado por todos los actores del conflicto armado social y por la expansión de cultivos de uso ilícito.
Organizaciones sociales han expresado su apoyo a la población local alegando que Tumaco "es una de las zonas más marginadas del país donde las familias han tenido que recurrir históricamente a la siembra de cultivos de uso ilícito para garantizar sus mínimos vitales y supervivencia".
>> Organizaciones sociales colombianas se solidarizan con Tumaco
Según el último monitoreo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Tumaco, con más de 23.000 hectáreas sembradas, tiene el 16 por ciento de todas las plantaciones de uso ilegal en el país y, en los últimos tres años, la tendencia de siembra en ese municipio ha crecido.
