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Según el fallo judicial, existió "un abuso de autoridad que vulneró los principios de precaución y proporcionalidad".

Según el fallo judicial, existió "un abuso de autoridad que vulneró los principios de precaución y proporcionalidad". | Foto: AP

Publicado 18 junio 2017
teleSUR
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El Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia es cuestionado por organismos de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones. 

El Consejo de Estado colombiano ordenó al Gobierno de ese país dictar un curso en protección de derechos humanos a las unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), tras condenar sus acciones que generaron la muerte del universitario Jhonny Silva Aranguren, durante sucesos ocurridos en septiembre de 2005.

Explícitamente el Consejo de Estado de Colombia explicó que "las autoridades policiales deben estar preparadas para mantener el orden, pero siempre respetando los derechos a la persona humana, entre ellos el de su dignidad y el espacio de libertad que requiere la protesta misma".

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La decisión del Consejo de Estado de Colombia enfatizó que “los daños provenientes de estas conductas reprochables deben ser conocidos, juzgados y reparados por la jurisdicción ordinaria". Insta a evitar "someter a las víctimas del conflicto armado a la fatigosa carga de reclamar una condena en los tribunales internacionales" ya que esto "deja mal librada a la administración de justicia colombiana" y es una muestra de la carencia "de eficacia e idoneidad y de legitimidad social”.

El Esmad justifica sus acciones de 2005 por el fin legítimo de evitar que los estudiantes bloquearan la vía pública. Finalmente se validaron las pruebas aportadas al proceso administrativo que indican que “el Esmad ingresó al lugar donde los jóvenes se encontraban en un campamento en inmediaciones del centro educativo, para agredir a los manifestantes, quienes se vieron obligados a dejar el lugar”.

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El Esmad está siendo estudiado por la Justicia colombiana y organismos internacionales, como consecuencia de las denuncias presentadas en su contra por el uso excesivo de la fuerza en recientes manifestaciones sociales.

Algunos partidos políticos y organismos de derechos humanos piden su desaparición. 


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