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Castro ordenó habilitar las Islas del Cisne como granja penal para el traslado de los cabecillas delincuenciales.

Castro ordenó habilitar las Islas del Cisne como granja penal para el traslado de los cabecillas delincuenciales. | Foto: La Prensa

Publicado 22 junio 2023 (Hace 20 horas 30 minutos)



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La decisión impone el control de los militares en las cárceles a partir del 1ro de julio durante el período de un año.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, determinó este miércoles que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) asumirá el control de las cárceles en el país luego de que al menos 46 reclusas murieran como consecuencia de un motín en un centro penitenciario.

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De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión anunciada tras una reunión con altos funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Defensa establece el control de los militares a partir del 1ro de julio durante un período de un año.

En este sentido, la PMOP tiene la obligación de reclutar, capacitar y formar un mínimo de 2.000 nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

De igual forma, el Gobierno solicitó al Poder Judicial sustituir la prisión preventiva a todas las reclusas en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) que no están condenadas, así como para las que sufren de enfermedades terminales.

Asimismo, la jefa de Estado emitió la orden de habilitar las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño, como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad.

A su vez, Castro aprobó extender el estado de excepción vigente desde el pasado mes de diciembre, así como ampliar su aplicación a otros territorios de la nación centroamericana.

Al menos 46 prisioneras murieron este martes como resultado de un enfrentamiento entre dos bandas criminales en el Cefas, la cual constituye el suceso de este tipo más violento en una cárcel de mujeres en la región desde 2017.

Tras el trágico suceso, la titular del Ejecutivo hondureño ordenó la destitución del entonces ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y lo sustituyó por quien se desempañaba como director general de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.


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