Nuevas protestas en Israel contra reforma judicial de Netanyahu

En Israel, cientos de miles de personas volvieron a salir a la calle este sábado para mostrar su rechazo a la reforma judicial, que limita los poderes de la Suprema Corte y cuya primera parte fue aprobada en el Parlamento.

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Según estimaciones de medios locales, alrededor de 200.000 personas se concentraron en distintos puntos de Israel, incluidas las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv, en lo que fue el trigésimo sábado de protestas contra la reforma que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu comenzó a aprobar en la Knéset.

Las protestas se registraron en docenas de ciudades israelíes como Jerusalén, Beersheba, Kiryat Gat, Ashdod y Tel Aviv. Además, las carreteras interurbanas estaban bloqueadas el sábado en el país.

El primer ministro israelí, quien regresó al poder siete meses atrás encabezando una coalición, anunció una pausa al proyecto de reforma a finales de marzo pasado, tras las masivas manifestaciones en su contra registradas desde inicios del 2023.

La coalición gobernante, tras el receso por el verano, impulsó atender la controversial iniciativa, que obtuvo su aprobación el pasado 24 de julio con los votos de los legisladores oficialistas y la abstención opositora, que se retiró del recinto en señal de protesta.

La reforma limitaría el poder de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar contra el ejecutivo, lo que se considera como un golpe directo contra la división de poderes del Estado.

De acuerdo con los críticos de esta medida, la legislación busca, además de dar blindaje judicial al primer ministro, facilitar más atribuciones al ejecutivo y el legislativo, controlado por Netanyahu y sus aliados, por lo que califican la reforma de antidemocrática.

Netanyahu y sus defensores rechazan estos cuestionamientos y argumentan que la reforma reforzará la democracia y ayudará a equilibrar los poderes del país al quitar una competencia vital a autoridades que no han sido elegidas por el voto directo.

El Gobierno de Netanyahu justifica la medida al considerar que necesitan de frenar la excesiva influencia del poder judicial en la adopción de leyes.

Tras la aprobación de esta reforma, los partidos de la oposición pidieron a la Suprema Corte que trate la legalidad de la normativa, que ha sido impugnada en tribunales por ocho distintas agrupaciones de la sociedad civil.