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Guatemala atraviesa el sexto día de protestas y bloqueos de carreteras. El presidente electo, Bernardo Arévalo, sostuvo que  la nación vive una transición "incierta" que "parece un golpe de Estado a cámara lenta".

Guatemala atraviesa el sexto día de protestas y bloqueos de carreteras. El presidente electo, Bernardo Arévalo, sostuvo que  la nación vive una transición "incierta" que "parece un golpe de Estado a cámara lenta". | Foto: EFE

Publicado 7 octubre 2023



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Mediante una resolución, el Tribunal Constitucional solicita "preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternabilidad en el ejercicio del poder".

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC)  ordenó este sábado garantizar la toma del poder del presidente electo, Bernardo Arévalo, prevista para el 14 de enero de 2024.

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Mediante una resolución, dicho tribunal solicitó "preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternabilidad en el ejercicio del poder".

La Corte instó a "gobernantes y gobernados a ejecutar sus facultades y ejercer sus derechos de manera tal para que la transición prevista en la Constitución se consolide en el marco de un orden institucional estable”.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, ha denunciado reiteradamente que la Fiscalía General de ese país ha emprendido una serie de acciones judiciales que entorpecen su investidura.

El órgano judicial  publicó la medida luego de seis días de resistencia en las calles, con bloqueos  de carreteras  y protestas en que se exige la renuncia de  la fiscal general, Consuelo Porras, así como de otros funcionarios.

Se les denunció por corrupción, injerencia en el proceso electoral, entorpecimiento del funcionamiento democrático del país y querer impedir la juramentación de Arévalo. Además de Porras, se exige la dimisión del fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche y al juez penal Freddy Orellana.

La decisión de la C.C. se tomó después que Arévalo, durante una visita a Estados Unidos, sostuviera que  la nación vive una transición "incierta" que "parece un golpe de Estado a cámara lenta".

El pronunciamiento también ocurrió luego de que diez abogados, en representación de organizaciones de la sociedad civil, presentaran un recurso legal en cuyo texto aseguraron que existe una "amenaza de que no se respete la voluntad popular válidamente expresada por el pueblo de Guatemala".


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