Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
Patricia Benavides afirmó que se somete a cualquier tipo de investigación en la que se respeten sus derechos constitucionales y fundamentales.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, quien está acusada de supuesto tráfico de influencias por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) desde el pasado 28 de noviembre, acusó a dicha entidad de violar su derecho a la defensa y se negó a declarar en el proceso que se le ha abierto.
LEA TAMBIÉN:
Fiscal general se defiende de acusaciones ante Congreso de Perú
“Ustedes me han instaurado un tipo de procedimiento que considero que viola mi derecho de defensa y el derecho al debido proceso, por el cual he interpuesto varios mecanismos por los cuales no he recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy”, manifestó en una audiencia de la JNJ.
La fiscal señaló que siempre ha “respetado los cauces constitucionales y legales”, no obstante, también ha ejercido el “derecho a la defensa, como cualquier ciudadano peruano”.
Patricia Benavides abandonó la audiencia pocos minutos después de iniciada la sesión, sin dar sus descargos; e inmediatamente después los integrantes del Pleno de la JNJ pasaron a deliberar el pedido de suspensión de Benavides, para someterlo a votación.
— IDL-Reporteros (@IDL_R) December 6, 2023
En sentido, agregó que se somete a cualquier tipo de investigación en la que se respeten sus derechos constitucionales y fundamentales.
En dicha línea, su abogado defensor, Jorge Del Castillo, afirmó que han presentado dos recursos, “uno de nulidad, porque las disposiciones reglamentarias que están usando son inconstitucionales, porque rebasan el marco de la ley”, así como un recurso de inhibición.
Benavides anteriormente, ante el Congreso, expuso que no existe una organización criminal, ni lideró una organización criminal. En tanto, aseguró que ya hace casi un año de su denuncia constitucional por actos de corrupción que incluye un golpe de Estado que tenía como parte de su plan de acción su detención.
Asimismo, afirmó denunciar "un montaje, una motivación política porque las investigaciones sobre las muertes sucedidas en las protestas sociales (contra el Gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte) no debían detenerse y debían determinarse las responsabilidades.
