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Un aparente error en el registro de las firmas en la resolución del Tribunal Constitucional impidió que el exmandatario peruano pudiera ser liberado el martes.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ricardo Pérez Manrique, solicitó al Estado peruano abstenerse de ejecutar la liberación del dictador Alberto Fujimori como ordenó el Tribunal Constitucional (TC) este martes 5 de diciembre.
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“Esta Presidencia estima necesario, de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 63.2 de la Convención Americana, ordenar al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú que dispone la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori”, manifestó la resolución emitida por el ente.
Asimismo, indicó que se debe esperar a que la Corte Interamericana pueda contar con todos los elementos necesarios para analizar si esta decisión del Tribunal Constitucional de 4 de diciembre de 2023 cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022.
ÚLTIMO MINUTO... ÚLTIMO MINUTO... ÚLTIMO MINUTO... CIDH ordena al Perú que se abstenga de liberar a Fujimori.
— Salvaje Digital (@salvajedigital) December 6, 2023
BONUS TRACK: Resolución de la Corte IDH frena en seco la decisión del TC que horas antes había dispuesto liberar al genocida.#IndultoEsInsulto pic.twitter.com/GLPU2D3o4n
Además, dispuso que su secretaría notifique a Perú, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la resolución.
Del mismo modo, el presidente de la CIDH enfatizó que el requerimiento se realiza “dada la extrema gravedad y urgencia de la situación señalada como fundamento de la solicitud y con el propósito de que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, masacres por cuya responsabilidad fue condenado a 25 años de prisión.
Además, el expresidente tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
