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Esta moratoria permite refinanciar hasta 120 cuotas (diez años) obligaciones tributarias y aduaneras.

Esta moratoria permite refinanciar hasta 120 cuotas (diez años) obligaciones tributarias y aduaneras. | Foto: Minuto de cierre

Publicado 30 enero 2020



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El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, precisó que los pymes aportan el 72 por ciento del empleo privado en Argentina y casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB).

El Gobierno de Argentina anunció este jueves una moratoria a diez años para micro, pequeñas y medianas empresas, llamadas pymes, y de ese modo aliviar la situación fiscal de dichas compañías, según el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

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En una rueda de prensa desde la sede del Ejecutivo, la Casa Rosada, indicó que el propósito es “dar un paso más en el objetivo de recuperar la economía argentina y salir de la situación recesiva y angustiante que nos dejó el Gobierno anterior".

Con esta medida, el presidente Alberto Fernández busca generar un verdadero desahogo en dichas empresas, pues han sufrido una fuerte presión con la caída del nivel de actividad y el aumento de las tasas de interés, especialmente desde octubre de 2018.

Los pymes aportan el 72 por ciento del empleo privado en la nación suramericana y casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB), según aclaró Kulfas.

Además, la administradora del organismo gubernamental, Mercedes Marcó del Pont, señaló que el sector productivo en Argentina tiene una deuda con la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP).

"La deuda que tenemos contabilizada de pequeñas y medianas empresas supera los 400.000 millones de pesos (6.638 millones de dólares), que son prácticamente el 80 por ciento del stock de crédito comercial en adelantos y descuentos del sistema bancario", reveló la titular.

A la moratoria podrán inscribirse más de un millón de beneficiarios y el proceso será entre el 17 de febrero y el 30 de abril, una vez que las empresas obtengan el Certificado Pyme que otorga el Ministerio de Producción y Trabajo.

El plazo también va dirigido a monotributistas, autónomos y entidades sin fines de lucro, como cooperativas o clubes de barrio, precisó Marcó del Pont.


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