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El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó este jueves una demanda a la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CDH) en Ginebra, por la cruzada judicial en su contra en la investigación por supuesta corrupción.
Un comunicado del equipo legal de Lula sostiene que “la petición resalta violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y abusos de poder por parte del juez Sergio Moro y de los fiscales federales del grupo especial de investigación del caso 'Lava Jato'".
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El abogado de derechos humanos, Geoffrey Robertson, indicó que "la petición que fue presentada hace un llamamiento al Comité de Derechos Humanos, que cuenta con 18 distinguidos expertos de todo el mundo, para condenar los aspectos de la ley brasileña que se han utilizado y, de hecho abusados contra el expresidente Lula . En particular, está la cuestión de la posición de juez (Sergio) del Moro: Juez Moro que autorizó la intervención de teléfonos, no sólo de Lula también de su abogado y su familia".
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El abogado señaló que "si él (Lula) es detenido, entonces él tiene que ser juzgado por un juez independiente, quizás el problema en Brasil es que están tan cargados que ellos deberían traer a un juez de Portugal que no esté envuelto en el caso como el Juez Moro se ha enredado, pero si debe detener a Lula entonces él debe conseguir una prueba justa. Es evidente para cualquiera que haya estudiado este caso, como entiendo esto él no puede conseguir esto antes del juez Moro".
En la demanda, se argumentó que Moro había mostrado una falta de imparcialidad y, por tanto, no se debe permitir la orden de arresto a Lula ya que no le daría al expresidente un juicio justo.
Robertson añadió que Brasil tuvo que responder a la petición dentro de los seis meses y el CDH entregará sus conclusiones en un plazo de 12 meses.
En el comunicado, Lula niega las acusaciones, pero no se opone a ser investigado “de una manera justa y abierta”.
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En contexto
Lula da Silva enfrenta una campaña de desprestigio por parte de sectores opositores que buscan empañar los logros sociales de su Gobierno y el de Dilma Rousseff.
Durante su gobierno, que inició en el año 2003, se crearon más de 15 millones de puestos de trabajo y disminuyó la pobreza al sumarse 40 millones de brasileños a la clase media.
Lula estabilizó la economía brasileña y la hizo crecer en un promedio de 4,1 por ciento anual. Canceló toda la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y redujo la tasa de desempleo que estaba en 10,5 por ciento en diciembre de 2002 al 5,7 por ciento en noviembre de 2010.
Se crearon programas sociales como Hambre Cero, Bolsa de Familia, Luz para Todos y Agricultura Familiar. Estos permitieron un aumento de la renta per cápita, el acceso de la población más pobre a bienes y el fortalecimiento del mercado interno. Logros que se ven empañados con los recortes del Gobierno interino de Michel Temer y que, en definitiva, peligran si la derecha logra su propósito de sacar a la actual presidenta Dilma Rousseff por medio del golpe parlamentario.
