Venezuela rechaza infundada decisión de Corte Penal Internacional

El Gobierno de Venezuela manifestó este viernes su desacuerdo con la decisión emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con el recurso de apelación interpuesto por el país suramericano contra la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares en el asunto denominado “Venezuela I”.

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A través de un comunicado, el Ejecutivo que encabeza el presidente Nicolás Maduro manifestó que el proceso “incoado ante la Corte Penal Internacional responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.

Asimismo, aseveró que “toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana, como establece la Constitución”.

El texto ratificó que el país latinoamericano, como Estado soberano, “tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas”.

Recordó que “ha trabajado estrechamente con la Fiscalía de la CPI para diseñar un programa de asistencia técnica orientado a seguir fortaleciendo las capacidades de las instituciones del Estado”. En ese sentido, agradeció la asistencia brindada y ratificó que "no es necesario ni apropiado que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales”.

Finalmente, el Gobierno Bolivariano renovó una vez más “su firme compromiso con el estado de Derecho y la legalidad internacional”, y afirmó que “continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles para revertir con la verdad todos estos mecanismos de instrumentalización política de la justicia penal internacional”.

Delcy Rodríguez: Venezuela no ha cometido delitos de lesa humanidad

En exclusiva con teleSUR, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que cuando apareció este caso, con un llamado examen preliminar en la CPI, el país latinoamericano lo denunció y nunca tuvo el derecho a defenderse porque no se compartió información.

Explicó que a continuación la CPI pasó a la fase de investigación, en la que el fiscal envió información precaria e incompleta, dijo. Rodríguez añadió que por encima de estas irregularidades se demostró la legalidad de Venezuela. Denunció que pese a ello la Corte decidió continuar la indagación, por lo cual su país apeló.

Rodríguez dejó claro que Venezuela "no ha cometido delitos de lesa humanidad y sabemos que nosotros estamos dando la batalla por la verdad de Venezuela y por eso hemos presentado con paciencia metodológica la revisión de cada uno de los casos". La verdad de Venezuela se impondrá, valoró.

Asimismo, subrayó que apenas el 20 por ciento de la información suministrada por la nación suramericana a la CPI fue tomada en consideración, valorada y revisada. Señaló que, en cambio, utilizaron elementos informativos recabados en las redes sociales de las presuntas víctimas de violaciones de DD.HH., contra quienes no hubo crimen alguno y que son rechazadas por el pueblo venezolano por tratarse de representantes de la derecha extremista.

Al insistir en estos exabruptos de la CPI, Rodríguez explicó que fueron de tal magnitud que incluso en la decisión anunciada este viernes por la sala de apelaciones se reconoce que "la Fiscalía (de la CPI) se equivocó al no analizar completamente la información presentada".

Ahí vemos que estamos acumulando sesgos para instrumentalizar el orden de la justicia internacional contra Venezuela", manifestó Delcy Rodríguez, quien además criticó la labor de la CPI que, además de ser negligente al manejar un caso sin fundamentos contra Venezuela, “demuestra inactividad frente al genocidio en Palestina".

“Venezuela lamenta que, mientras el mundo observa con horror cómo el pueblo palestino es víctima de un cruento genocidio, la Corte Penal Internacional haya optado por invertir su tiempo y los escasos recursos disponibles para seguir adelante con acciones que claramente desnaturalizan su razón de ser y minan su credibilidad como organismo de justicia internacional”, expresó la alta funcionaria.