Reino Unido da dos días a Francia para que retire amenazas

La ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, pidió el lunes a Francia que en 48 horas abandone sus amenazas relacionadas con el conflicto pesquero, agravado tras la detención de un pesquero británico la semana pasada.

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París anunció que puede aplicar sanciones contra Reino Unido a partir de este martes si no se llega a concretar un acuerdo para que Londres le conceda las licencias de pesca que considera tiene derecho en virtud del acuerdo del Brexit.

La canciller británica dijo que Francia y el Reino Unido aún no han llegado a un acuerdo, al tiempo que acusó a París de hacer amenazas completamente poco razonables contra la industria pesquera británica.

Truss exigió a su contraparte francesa que retiran estas amenazas, mientras no descartó medidas legales y recalcó que este problema necesita ser resuelto en las próximas 48 horas.

El posicionamiento británico llega luego que Francia manifestara su intención de prohibir a los pesqueros británicos que desembarquen sus capturas en algunos puertos franceses y quiere endurecer los controles sanitarios y aduaneros.

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, urgió el domingo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a retirar  lo que llamó sus amenazas de impedir el desembarco pesqueros británicos si no se ofrecen más licencias para barcos galos en aguas de Gran Bretaña y las islas del canal de la Mancha, según un portavoz oficial.

En un encuentro entre ambos en los márgenes de la cumbre del G20 celebrada el fin de semana en Roma, Johnson recalcó su lo que denominó su profunda preocupación por la retórica del Gobierno francés en los últimos días.

La disputa pesquera con Francia se suma al desencuentro que mantiene Reino Unido con la Unión Europea en torno al cumplimiento del protocolo para Irlanda del Norte que se estipuló como parte del acuerdo del Brexit.

Londres ha amenazado con dejar de aplicar partes de ese protocolo de manera unilateral si Bruselas no se aviene a rebajar los controles aduaneros que entraron en vigor el 1 de enero, aunque la mayoría de ellos aún no se han llegado a aplicar, y se reduce el papel de los tribunales europeos para dirimir disputas en Irlanda del Norte.