TSE de Guatemala denuncia judicialización de elecciones

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Irma Palencia, denunció este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) los riesgos que existen para la segunda vuelta de los comicios presidenciales, prevista para el próximo 20 de agosto.

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La funcionaria compareció a través de videoconferencia en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y trasmitió su preocupación por los actos de judicialización que amenazan el balotaje.

"Nos preocupa la actual judicialización de elementos y condiciones que pueden afectar o poner en riesgo la segunda elección, y lo que pueda sobrevenir posteriormente, aunque esto sea especulativo hasta ahora", dijo.

"Nos preocupa también que se obvie el carácter supremo de la materia electoral de tribunal supremo y el rango constitucional del tribunal", añadió.

Palencia destacó que la primera vuelta electoral concitó una participación ciudadana mayor que en eventos anteriores y que más de medio millón de guatemaltecos trabajaron como voluntarios para custodiar los votos.

Aseveró que el TSE ha cumplido bien su labor, pero señaló que el clima favorable generado por esa alta participación duró poco, debido a la "no aceptación de resultados de algunos contendientes partidarios que iniciaron distintas acciones legales ante las Cortes y ante el propio TSE".

Recordó que un grupo de partidos presentó un amparo y consiguió que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara repetir las audiencias de revisión de las actas electorales.

Esa acción retrasó la oficialización de los resultados y la juramentación en sus cargos de un grupo de autoridades electas por voto popular. A ello se sumó que, tras darse a conocer quiénes concurrirán al balotaje -Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla-, la Fiscalía allanó el Registro de Ciudadanos del TSE.

Subrayó que el TSE siempre ha mostrado voluntad de colaborar con los órganos a cargo de investigaciones, pero rechazó el modo arbitrario en que actuó la Fiscalía. Denunció que durante los allanamientos retuvieron a los trabajadores por más de diez horas y algunos de los efectivos emplearon armas y pasamontañas, cual si estuviesen interviniendo una organización criminal. 

Además de allanar al TSE, el Ministerio Público obtuvo la orden de un juez para suspender la personería jurídica de Semilla por presunta falsificación de documentos, pero ese movimiento político fue amparado por la CC.

La titular del TSE solicitó a la OEA continuar su misión de observación electoral en Guatemala, como vía para garantizar a los ciudadanos las condiciones óptimas para el ejercicio de su derecho al sufragio.