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Asimismo, el amparo va también contra la amenaza del procurador general, Julio Saavedra, y que este "siga extralimitándose en sus funciones", instruido por el presidente Arévalo

Asimismo, el amparo va también contra la amenaza del procurador general, Julio Saavedra, y que este "siga extralimitándose en sus funciones", instruido por el presidente Arévalo | Foto: LaHoraGT

Publicado 8 mayo 2024



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María Consuelo Porras se mostró molesta por la propuesta del presidente, Bernardo Arévalo, de reformar la Ley Orgánica de dicha entidad, debido a que se busca removerla del cargo.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), de Guatemala otorgaron un amparo a la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, quien había acudido a esa instancia por lo que denominó un "amenaza real, cierta e inminente" por parte del presidente Bernardo Arévalo.

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A esa conclusión llegó el alto tribunal por mayoría de cuatro votos a favor y uno razonado, previo a que el presidente, Bernardo Arévalo, anunciara presentar una iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Con esa iniciativa, Arévalo busca remover a Porras Argueta de la jefatura del ente investigador por considerar que afecta la democracia. A la vez, la CC, en su resolución, no menciona que se detenga la presentación de la iniciativa presentada por Arévalo ante el Congreso.

No es la primera vez, que los magistrados de la CC favorecen a la fiscal general, ya que en 2022, le otorgaron un amparo para que fuera incluida en el listado de candidatos a fiscal general.

De acuerdo a los trascendidos, la orden de la CC busca "respetar el sistema republicano y la alternabilidad del poder según la Constitución", así como "evitar acciones fuera del marco legal que afecten el mandato la autonomía del Ministerio Público" y "garantizar el apoyo necesario para la función del MP, incluyendo acceso a fondos y recursos para investigaciones".

Asimismo, el amparo va también contra la amenaza del procurador general, Julio Saavedra, y que este "siga extralimitándose en sus funciones", instruido por el presidente Arévalo y por iniciativa propia, para presentar denuncias infundadas contra ella, "vulnerando la legalidad y el debido proceso".


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