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La organización indígena indicó que la ley pretende la privatización de la infraestructura del Estado y los servicios públicos.

La organización indígena indicó que la ley pretende la privatización de la infraestructura del Estado y los servicios públicos. | Foto: CONAIE

Publicado 21 diciembre 2023



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“Esta ley esconde una serie de reformas que favorecen exclusivamente a los grandes grupos económicos”, señaló Conaie.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) expresó este miércoles su rechazo a la aprobación de la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa.

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“Esta ley esconde una serie de reformas que favorecen exclusivamente a los grandes grupos económicos, facilita la privatización de empresas públicas y sectores estratégicos, mientras socavan los derechos de los trabajadores y la soberanía del país”, señaló la organización a través de un comunicado.

A su vez, la confederación indicó que la normativa permite la emisión de reformas tributarias que eximen a los sectores más poderosos del pago de impuestos, entretanto, deja en desventaja a empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.

El comunicado apunta que la desregulación “no atiende las necesidades fiscales urgentes” del país. Asimismo, denuncia que propone la creación de “un régimen especial de exoneración de impuestos y responsabilidades laborales a través de la extensión del sistema de zonas francas, lo que representa una pérdida de la soberanía”.

Al mismo tiempo, Conaie denunció que la norma pretende la privatización de la infraestructura del Estado y los servicios públicos mediante las Asociaciones Público Privadas (APP), lo que, aseguró, atenta contra sectores como la educación y la salud.

De igual forma, la organización subrayó que la reforma pone el riesgo el patrimonio nacional mientras apuntó que, si bien el Parlamento alegó la falta de fondos, la normativa condona las deudas tributarias de los sectores más ricos de la nación suramericana.

A partir de ello, la confederación demandó una fiscalización de las cuentas públicas, entretanto, instó a analizar las limitaciones del Servicio de Rentas Internas para, entre otras cuestiones, cobrar las deudas tributarias.


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