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La JEP destacó que Antioquia concentra el mayor número de víctimas registradas entre 2002 y 2008, pues del total de 6.402, 1.613, es decir, el 25,19 por ciento, ocurrieron en este departamento.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia imputó este miércoles, por primera vez, a un excomandante del Ejército de Colombia, el general retirado Mario Montoya, junto a otros ocho militares, la realización de 130 ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes, conocidos como "falsos positivos" en el noroccidente del país.
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La magistrada de reconocimiento de verdad de la JEP, Catalina Díaz, informó que se le inculpa a Montoya por “asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado” entre 2002 y 2003, en el oriente del departamento de Antioquia.
Asimismo, por "mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas 'en combate', emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados", destacó la autoridad.
#ATENCIÓN | JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y ocho militares más por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente antioqueño
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) August 30, 2023
Les contamos más de la decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento en este ��https://t.co/m2mWgFQtqt
El Tribunal de Paz asegura que “cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate”.
La JEP destacó que Antioquia concentra el mayor número de víctimas registradas entre 2002 y 2008, pues del total de 6.402, 1.613, es decir, el 25,19 por ciento, ocurrieron en este departamento.
El organismo ha imputado hasta el momento a 62 personas por los delitos relacionados con los "falsos positivos", de las cuales 55 (el 89 por ciento) reconoció su responsabilidad.
