Los cuatro comuneros chilenos seguirán en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Temuco (capital de La Araucanía, centro de Chile) decidió mantener en prisión preventiva a los cuatro comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde hace 115 días.

El Gobierno, como parte del proceso legal en el hecho, pidió el pasado miércoles 27 que se rebajara la medida cautelar para los comuneros, debido a la precaria condición en que se encuentran tras iniciar la medida.

El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, alegó que la medida que les corresponde a los imputados es la prisión preventiva, debido a que tienen los antecedentes para atribuirles su responsabilidad en los hechos. 

La aplicación de la Ley Antiterrorista que se contempla en este caso es la que ha llevado a los comuneros a sostener la medida de presión que los llevó a un delicado estado de salud.

Los detenidos solo piden que se retire el carácter terrorista del delito que se les imputa y que se les respete el debido proceso.

 A la audiencia solo asistieron en sillas de ruedas dos de los cuatro comuneros, porque los demás están hospitalizados. 

Familiares de los comuneros presos se mostraron tristes por la noticia y le pidieron nuevamente a la presidenta Michelle Bachelet que se reúna con ellos para abordar el tema.

Este viernes la Conferencia Episcopal pidió a los comuneros deponer el ayuno y a las autoridades buscar soluciones.

El lonko Alfredo Tralcal, además de Pablo, Ariel y Benito Trangol (hermanos) están acusados de quemar una serie de iglesias en la región de La Araucanía, por lo que son juzgados bajo la Ley Antiterrorista. 

La ley antiterrorista chilena se creó en el gobierno militar de Augusto Pinochet, por lo que es criticada ampliamente por grupos nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Esta ley ha sido aplicada por la justicia chilena desde 2001 contra integrantes del pueblo mapuche "por hechos de protesta social vinculadas a sus demandas por el derecho a la tierra o derechos de carácter político", explica un informe del magíster en Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin.