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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, interpuso este jueves tres recursos de nulidad ante las salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los decretos presidenciales mediante los que se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Los recursos van en contra de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) asociadas con ese proceso. Ortega Diaz demandó la nulidad del Decreto Nº 2.830 del 1º de mayo de este año, a través del cual el presidente venezolano Nicolás Maduro convocó a la Constituyente.
#15Jun Fiscal General Luisa Ortega Díaz introdujo 3 recursos de nulidad contra la Constituyente este jueves ((Última Hora) - @fertineo pic.twitter.com/ikLQ2wKSLS
— Reporte Ya (@ReporteYa) 15 de junio de 2017
Igualmente, el informe de la Fiscalía señaló que fue requerida la nulidad del Decreto Presidencial Nº 2.878, relacionado con las bases comiciales de la ANC, "por violarse los referidos principios de la supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica".
La Fiscalía también sostuvo que fue vulnerada la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en cuanto a la forma y presupuestos para la elección de los candidatos a la ANC nominales y por lista; las diferencias en el valor del voto fundado en el número de electores y constituyentes a elegir, al tiempo que se excluyeron arbitrariamente sectores de votantes.
>> Alcalde venezolano condena acciones de la fiscal general
La máxima autoridad del Ministerio Público también interpuso ante la Sala Electoral del TSJ un recurso contencioso electoral de nulidad contra el CNE, "por violar principios de legalidad administrativa al desarrollar un proceso constituyente sin dictar actos administrativos de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y modificar condiciones por las cuales se rige el proceso, creando inseguridad jurídica en los ciudadanos".
En los tres recursos, fue pedido un amparo cautelar para suspender los efectos generados por los decretos y de las decisiones del órgano electoral.
Las acciones de la fiscal general han sido cuestionadas por representantes gubernamentales y diversos sectores sociales, por respaldar las acciones de violencia, promovidas por sectores extremistas de la oposición venezolana.
