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Los tribunales de Brasil abrirán nuevamente para el próximo 29 de noviembre el caso del asesinato del misionero jesuita de origen español, Vicente Cañas, defensor de los indígenas y sus tierras.
El oriundo de Albacete, España fue enviado a tierras brasileñas en 1966 para trabajar con los grupos indígenas Tapayuna, Paresi, Mÿky y Enawene Nawe, tribus que hacen vida en el noroeste de Mato Grosso. Durante su estancia, compartió sus costumbres y fue bautizado por los pueblos originarios como “Kiwixí”.
Cañas tenía como misión llevar a práctica el mandato de inculturación nacido del Concilio Vaticano II, pero sus ideales lo llevaron a defender las tierras y los derechos de los pueblos originarios de los hacendados que querían adueñarse de las propiedades que los indígenas habían heredado y pidiendo al Gobierno brasileño que fijara una demarcación oficial de las mismas.
Su lucha por la reivindicación de los pueblos indígenas le generaron a “Kiwixí” varios enemigos poderosos que, según las diferentes hipótesis, fueron los que ordenaron su muerte.
Para 1987 el misionero de 48 años de edad fue asesinado presuntamente por un hacendado que Cañas tenía de enemigo personal, por frustrar sus intentos de adueñarse de unas tierras que habían pertenecido por décadas a la tribu Enawene Nawe, población que para ese entonces no pasaba de los 200 habitantes en comparación a los millares que habitan actualmente en Brasil.
La escena del crimen señalaron que fue un asesinato violento, puesto que la cabaña en la que vivía Vicente Cañas estaba revuelta, al tiempo que el cuerpo tenía una perforación en la parte alta de abdomen, mientras que el cráneo estaba quebrado y sus dientes rotos. Además, su cuerpo fue arrastrado para desviar la atención y hacer parecer que el homicida fue una fiera de la selva.
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El primer juicio sobre la causa tuvo lugar en el 2006, 19 años después de su homicidio y los acusados fueron absueltos por falta de pruebas.
Ahora los tribunales brasileños decidieron reabrir la causa para el 29 de noviembre, en una audiencia que se celebrará en Cuiabá, para juzgar al único de los acusados que aun vive, el entonces delegado de la Policía Civil, Ronaldo Osmar, quien se presume participó en el crimen pero también fue absuelto hace 30 años.
