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El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aspira a la reelección este domingo pese a que la Constitución de la nación establece que ningún funcionario puede optar al mismo cargo de forma consecutiva.
La Constitución hondureña establece en su artículo 239 que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado, y el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.
Sin embargo, en 2015 un grupo de legisladores vinculados al actual mandatario hondureño presentaron dos apelaciones contra la prohibición constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, las cuales fueron aceptadas.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de decretar inaplicables las prohibiciones de la Constitución fue calificada como “ilegal” por parte de las oposición hondureña y acusaron a Hernández de subordinar las instituciones para poder lograr la reelección pese que la Constitución no lo establece.
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¿Cómo Juan Orlando Hernández pudo inscribir su candidatura?
En Hondura existen medidas constitucionales para abrir camino a una reelección consecutiva a un cargo público, una de ellas es la celebración de un referendo con la aprobación popular y otra es esperar el período de un año para poder ser candidato nuevamente.
Ninguna de las medidas constitucionales fueron adoptadas debido a que el presidente hondureño, quien adoptó el fallo de la Corte Suprema e inscribió en 2016 su candidatura a las elecciones presidenciales a celebrarse este 26 de noviembre.
Desde que Hernández anunció su deseo a la reelección, miles de ciudadanos comenzaron manifestaciones en su rechazo.
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Las instituciones hondureñas se han mantenido en silencio ante la candidatura para la reelección del mandatario hondureño, una postura diferente a la asumida en 2009 cuando el entonces mandatario Manuel Zelaya fue destituido con un golpe de Estado, por querer optar de nuevo al cargo.
De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, “cuando hay una declaratoria de la Corte Suprema de Justicia, este Tribunal no puede manifestarse en asuntos para los cuales no está facultado y son de obligatorio cumplimiento”.
El silencio tras el decreto contra la ley constitucional ha desatado críticas contra el jefe de Estado hondureño por “tejer subordinación absoluta de toda la institucionalidad”.
