¿Cuáles son las demandas de los mineros en Colombia?

Los mineros colombianos de los municipios de Segovia y Remedios del departamento de Antioquia continúa las movilizaciones sociales en rechazo a las políticas impulsadas desde el ejecutivo que favorece a las grandes empresas mineras en detrimento de la minería artesanal o ancestral.

En 32 días de paro el sector minero denuncia que sus demandas no han sido escuchadas y que el Estado mantiene la represión y criminalización de la protesta minera.

Las demandas del sector minero

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El pasado 21 de julio dio inició el paro minero indefinido en la región del nordeste de Antioquia, el presidente de la Mesa Minera de los municipios de Segovia y Remedios, los mineros rechazan la política impulsada desde el Gobierno que favorece a las grandes empresas mineras en detrimento de la minería artesanal o ancestral.

Un comunicado de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño y la Mesa Minera de Segovia y Remedios, expone las razones por las cuales se mantienen en paro, entre ellas la imposición de un contrato de operación injusto, un proyecto de ley que busca erradicar los mineros ancestrales y la falta de implementación de medidas necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalización de los entables y comerciantes de oro.

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Reclaman además explotar el mineral precioso que les ha dado el sustento por décadas, incluso por siglos,y ahora el Gobierno colombiano pretende entregar, a través de licencias, a las compañías extranjeras. Exigen también la firma de contratos justos entre pequeños mineros y las grandes empresas extranjeras.

La acción gubernamental que agudizó el conflicto fue la emisión del decreto 1102  que establece además del control de las ventas, la clasificación de las actividades mineras, en minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande, facultando al Gobierno nacional para definirla y establecer sus requisitos.

Por su parte el presidente de la Mesa Minera del Nordeste, Eliober Castañeda afirmó que debido a la reciente legislación los pequeños mineros no pueden vender el oro “ porque el comprador consigna sus remesas y cuando van a retirar sus dineros, el área bancaria se los retiene”.

Violación de derechos humanos

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Lo que comenzó como una manifestación pacífica se volvió a inicios del mes de agosto en enfrentamientos violentos con la intervención de las fuerzas públicas, en las manifestaciones pacíficas de los mineros, quienes consideran que se vive un contexto de violación de los derechos humanos debido a las represiones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD.

En el comunicado emitido la pasada semana por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño y la Mesa Minera de Segovia y Remedios se informa a la comunidad nacional e internacional sobre los abusos y extralimitaciones cometidos por parte de las fuerzas del orden público, parte de la ESMAD, que desde su llegada por órdenes directas de la Gobernación de Antioquia.

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Por su parte la organización Cahucopana elaboró un informe en el que denuncia las represiones en las protestas y dan a conocer a la comunidad nacional e internacional el contexto local actual que se vive en estos dos municipios, junto con algunos ítems que denotan la criminalización a las manifestaciones y hechos que se fundamentan como violaciones a los derechos humanos.

Entre los casos de violación de derechos humanos que ha detectado la comisión de Derechos Humanos instalada en Segovia se encuentran la muerte del joven Hernán Tobón Meneses, a quien dos hombres armados no identificados le dispararon.

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El ataque con gases lacrimógenos por parte de agentes de la ESMAD al Campamento de Refugio Humanitario, hecho que afectó a la comunidad indígena y campesina, entre ellos a niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.

La toma de hospitales por la ESMAD para realizar operaciones contra los manifestantes, además de impedir el acceso de los heridos a las instalaciones sanitarias. Asimismo la toma de los centros escolares ha impedido por cerca de un mes que los niños no puedan asistir a clases.