Los trabajadores consideran esta política de privatización como una medida contra los intereses y derechos del pueblo uruguayo.
Trabajadores uruguayos de petrolera estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) se movilizaron este martes contra la política privatizadora del Gobierno de Luis Lacalle Pou y en defensa de la propiedad pública.
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La vicepresidenta de la federación gremial de Ancap, Laura Martínez, indicó que el sindicato rechaza la decisión del Estado que permite la asignación de recursos e infraestructura a algunos privados para incrementar sus ganancias.
Además, considera que se trata de una medida contra los intereses y los derechos del pueblo uruguayo, por lo que la movilización permite colocar en discusión el futuro del país y que el Estado debe garantizar el bienestar ciudadano.
Gran movilización de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP
— Federación ANCAP (@FederacionANCAP) June 21, 2022
POR TRABAJO Y SOBERANÍA
No a la privatización del Portland Estatal
No a la privatización del Gas por cañería
No a la entrega de ALUR
Por las fuentes laborales y el rol social y productivo de ANCAP @PITCNT1 pic.twitter.com/epF0ju5v7X
"Seguir entregando al capital privado las áreas estratégicas del Estado lo único que va a llevar es la crisis económica, el hambre de nuestro pueblo y que el país se encuentre sin herramientas fundamentales para estructurar un plan de desarrollo económico que genere trabajo y una seguridad social”, aseveró.
A esta jornada de movilizaciones también se sumaron otros gremios del país que reiteraron el rechazo a que empresas públicas uruguayas sean entregadas a compañías privadas.
Al respecto, el representante del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Gabriel Nanches, precisó que el colectivo laboral está preocupado con la entrega de la soberanía de esta empresa pública y la afectación a 300 puestos directos de trabajo.
Durante el actual Gobierno, trabajadores de diferentes sectores del país han denunciado las políticas que promueve el Ejecutivo para privatizar algunas áreas de negocios, como los servicios de internet, cuyo monopolio pertenecía a la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).