La Corte Constitucional de Ecuador negó este martes el recurso de amparo interpuesto por la petrolera Chevron Texaco, al fallo de la sentencia en su contra por daños ambientales ocasionados en la Amazonia entre 1964 y 1992.
Así, la multinacional deberá pagar 9.500 millones de dólares a los más de 30.000 afectados -entre ellos, comunidades indígenas-, sentencia a la que había apelado en 2014.
El Tribunal ecuatoriano desestimó la acción de protección por considerar que no existe violación de los derechos de la petrolera. Debido a que es la última instancia, no existe apelación posible.
Con esto, los amazónicos ganan una batalla legal que ha durado más de diez años. El abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, señaló que "ahora ya no hay duda que hemos ganado esta larga batalla jurídica, no hay duda que se ha cometido un crimen ambiental, un crimen social y cultural en Ecuador".
Para Fajardo, este es un triunfo "contundente, que no solo es de los pobladores de la Amazonia de Ecuador sino también de los pueblos que luchan contra corporaciones contaminantes en todo el mundo".
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Por su parte, Justino Piaguaje líder amazónico y Representante del Frente de Defensa de los Afectados, sostuvo que es un día histórico, pero que la lucha continúa.
Mientras la empresa, a través de su asesor de Comunicación, James Craig afirmó que la resolución "es consistente con el patrón de denegación de justicia, fraude y corrupción contra Chevron en Ecuador”, y que continuará llevando a cabo acciones legales en cortes internacionales con el objetivo de exponer el supuesto fraude procesal que, según ellos, existe en el caso.
En Contexto
El juicio contra Texaco comenzó en 1993 cuando un grupo de ecuatorianos demandó a la petrolera, comprada posteriormente por Chevron, por contaminación ambiental.
El caso pasó por Tribunales ecuatorianos y de Estados Unidos (EE.UU.) para finalmente retornar al país, donde la empresa recibió la primera sentencia condenatoria.
Texaco ha alegado que los demandantes obtuvieron el fallo mediante el soborno de jueces y peritos, negándose a pagar e interponiendo demandas en cortes de otros países, como EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá y Gibraltar.