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Jueza a cargo del procedimiento justifica la medida citando el derecho constitucional a descubrir la verdad, garantizar la finalidad del proceso y evitar el riesgo de que el acusado huya.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú ordenó 12 meses de impedimento de salida del país al expresidente Martín Vizcarra por un caso de presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador de la región de Moquegua (2011-2014), según la resolución publicada este jueves.
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La jueza Margarita Salcedo, a cargo del procedimiento, declaró apoyo parcial a una petición del fiscal provincial del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada, que se especializa en delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, solicitando una prohibición de viajar contra Vizcarra por espacio de 18 meses.
En este sentido, se decantó por aplicar la limitación solamente por espacio de 12 meses y ordenó dar aviso a las autoridades correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en la orden.
#Importante | Poder Judicial dicta impedimento de salida del país, por el plazo de 12 meses, para el expresidente de la república, Martín Vizcarra - Casos: #LomasDeIlo /#HospitalDeMoquegua pic.twitter.com/HGCEGG5XCM
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 4, 2024
La jueza justificó la medida citando el derecho constitucional a descubrir la verdad, garantizar la finalidad del proceso y evitar el riesgo de que el acusado huya.
El fiscal Osías Castañeda afirmó en una audiencia realizada el pasado 28 de diciembre que el peligro procesal del expresidente Vizcarra se ha incrementado porque ha intentado viajar por razones políticas a distintas localidades del país, a pesar de haber sido inhabilitado para ejercer cargo público alguno.
El expresidente está bajo investigación por presuntos sobornos recibidos por las obras Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua mientras era gobernador de ese sureño estado.
Vizcarra afronta una solicitud fiscal de 15 años de cárcel por supuestamente haber recibido 2.3 millones de soles, unos 620.000 dólares, en sobornos de empresas a las que se adjudicaron obras de infraestructura en su región cuando fue gobernador, antes de ser presidente.
El exmandatario ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos por el Congreso durante diez años por el caso del "vacunagate", referido a la irregular vacunación contra la Covid-19 en 2020, y por otros cinco años por supuestos vínculos ilegales con empresas cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
El abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, cuestionó la decisión judicial al considerar que no existen fundamentos para demostrar "peligro de fuga". Recordó que el Estado ha de garantizar la presunción de inocencia y que, según la ley vigente, "debe haber mínimos elementos objetivos de ese peligro de fuga".
