Denuncian por acoso a periodistas a fiscal suspendida en Perú

Medios peruanos denunciaron este jueves que, durante la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se realizó videovigilancia, seguimiento y escucha telefónica al editor de la sección judicial del diario La República, César Romero y al director del portal Sudaca, Juan Carlos Tafur.

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De acuerdo con reportes, Romero pudo tener acceso a documentos oficiales del Ministerio Público que demuestran que el fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez, trasladado por Benavides desde una provincia hasta la jurisdicción de Lima, ordenó las acciones contra los comunicadores.

La vigilancia contra los periodistas se llevó a cabo desde el pasado 5 de abril hasta finales de noviembre, cuando se realizó el operativo Valkiria V, por el cual fue suspendida Benavides ante un presunto caso de corrupción y nexos con un entramado criminal. 

El espionaje a los comunicadores comprendía seguimiento en sus oficinas y en sus movimientos en público. En el caso de Romero, también se ejerció contra sus familiares.

A su vez, La República apuntó que las acciones, ejecutadas en represalia a artículos críticos al trabajo de los funcionarios públicos, tuvieron el objetivo de incluir a los periodistas como sospechosos de una investigación en curso.

En consonancia, trascendió que el periodo de vigilancia coincide con los reportajes sobre la desarticulación de las fiscalías de Derechos Humanos y la difusión de las llamadas telefónicas a sujetos vinculados al caso “Los cuellos blancos del puerto”, entre otros temas.

“Aquí que no hay nada ilícito que investigar. Lo único que hay es la intención de criminalizar a un periodista y buscar conocer sus fuentes informativas, utilizando los procesos en curso. Si no estás conmigo, te investigo, te persigo y escucho tus llamadas, ese es el legado de la administración Benavides y sus partidarios”, afirmó Romero.

Por su parte, Tafur expresó su indignación por “la forma arbitraria con que el Ministerio Público atenta contra el ejercicio de la libertad de información. Dudo que sea legal utilizar un caso penal para perseguir a periodistas. Las autoridades del Ministerio Público deberían pronunciarse”.