Denuncian amenazas contra defensores ambientales en El Salvador

La presidenta de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de El Salvador, Vidalina Morales, declaró este domingo que la minería en su país es inviable, la vez que aseguró la lucha por el desarrollo y la organización de las comunidades debe seguir.

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Por medio de una entrevista ofrecida a un medio local, Morales aseguró que la captura de líderes comunales de la comunidad de Santa Marta, como Antonio Pacheco, constituye un mensaje para los defensores de los derechos humanos.

“Cuando las personas destacan en la labor de promoción de derechos para que la gente se empodere, los identifican y los capturan. Desde el primer momento vimos que es un ataque a la lucha que estamos realizando. Tratarán de quitar del camino todo aquel que los estorbe”, sentenció.

La lideresa destacó que tras la captura de Pacheco, la ADES se enfocó en nuevos retos, principalmente el orientado a la preparación de nuevos cuadros desde la comunidad, para sostener el proyecto.

Asimismo, recordó como durante los periodos de la lucha antiminera emprendida por ADES, fueron asesinados activistas y algunos de sus familiares, para obligarlos a detener sus demandas.

“Hacer esta labor de defensor es de alto riesgo que le puede costar la vida, encarcelamiento, la captura o asesinato de los hijos... Lo primero que hay que hacer es la denuncia, lo pude sentir con la captura de mi hijo, en el primer momento logré conectar con gente que me conoce y eso fue lo que pudo hacer la diferencia y lograr la diferencia”, acotó.

Las luchas contra las empresas mineras

Morales rememoró las primeras luchas contra la empresa Pacific Rim que había laborado en varios departamentos salvadoreños con alta presencia de oro y plata, y había presentado un estudio de impacto ambiental para iniciar las explotaciones en su territorio.

Sin embargo, los líderes sociales de Santa Marta presentaron una nueva revisión técnica ante el Ministerio de Medio Ambiente, demostrando que las explotaciones dañarían la estructura de la tierra y, ante cualquier actividad sísmica, las reservas de agua de la comunidad se podrían contaminar.

“El ministro nos dijo que nosotros éramos los dueños de las tierras y si no había permiso, no podía operar la empresa. Hasta ahí paró la exploración. También, en la propuesta de la empresa estaba que solo iban a dar 600 empleos en un periodo de ocho años, lo cual era inviable para las comunidades”, explicó.

Posteriormente, en 2005, nació la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, por lo que la demanda dejó de ser local, y se extendió por toda la nación y, en 2006, se entregó el primer anteproyecto de ley.

“Se ha creado la Dirección de Hidrocarburos y Minas, lo cual aumenta las sospechas de los intereses para esa reactivación. Para este año se les ha destinado $4.5 millones a esta Dirección para revisar y actualizar la ley contra la minería. Es una burla a la lucha que ha durado más de dos décadas”, destacó.

Morales indicó además que ante la inviabilidad de la minería en El Salvador, no debe revisarse la ley.