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A la par, miles de bolivianos se han manifestado en los últimos días exigiendo

A la par, miles de bolivianos se han manifestado en los últimos días exigiendo | Foto: EFE

Publicado 23 marzo 2021


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El Parlamento evaluará las responsabilidades de la exmandataria de facto, en paralelo al proceso criminal ordinario también en curso.

La Fiscalía General de Bolivia admitió este martes tres de las cuatro propuestas acusatorias para juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, presentadas por el Ministro de Justicia, Iván Lima, la semana pasada.

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Las imputaciones por los casos “Préstamo inconstitucional del FMI (Fondo Monetario Internacional)”, “Violación de la libertad de expresión en la cuarentena” y “Violación de Derechos Humanos de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile” fueron las que, hasta ahora, están aceptadas y remitidas a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La cuarta acusación, que no fue admitida por el Ministerio Público, tiene que ver con la aprobación del Decreto Supremo 4356 del 29 de septiembre de 2020 sobre la ampliación de la concesión por 15 años adicionales del Registro de Comercio a Fundempresa.

De acuerdo con el procedimiento vigente en Bolivia, la Sala Penal del TSJ ejerce el control jurisdiccional de la causa. Posteriormente, los procesos siguen su curso en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde se requiere dos tercios de los votos de parlamentarios para autorizar el juicio de responsabilidades. 

Estos procesos de juicio de responsabilidades se presentaron después de la aprehensión de la exmandataria de facto y los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán por el golpe de Estado de 2019.

El juicio de responsabilidades se realiza para evaluar la gestión de la expresidenta de facto al frente del país, y se lleva a cabo por el Parlamento. Asimismo, es paralelo al proceso criminal ordinario, que también está en curso, y es el que mantiene a Áñez en prisión.

En ese contexto, la exmandataria de facto dio a conocer este martes una carta en la que retoma sus argumentos de que en 2019 no existió golpe de Estado, sino fraude electoral, lo que revestiría de legitimidad su asunción del cargo.

De igual forma, Áñez alega que su seguridad corre peligro en la situación de internamiento en que se encuentra. Expuso que está siendo medicada con fármacos de "alto riesgo" y tachó de "dictadura" al Gobierno que sucedió al suyo tras las elecciones de octubre de 2020.


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