Fiscal de Perú investiga a altos funcionarios por corrupción

El fiscal general interino de Perú, Juan Carlos Villena, confirmó el viernes que hay más de 300 investigaciones en trámites contra altos funcionarios que hicieron vida en el Estado por delitos de corrupción, además de 11 denuncias constitucionales. 

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Durante su intervención en el 189 período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió que que entre los investigados se encuentran congresistas y que los casos son "importantísimos" porque implican "corrupción de funcionarios, y también violación a los derechos humanos", a raíz de los sucesos derivados a las protestas sociales de diciembre del 2022.

En tal sentido, una de las principales señaladas por las protestas sociales es la mandataria peruana, Dina Boluarte, quien sucedió en el cargo a Pedro Castillo, tras su intento fallido de golpe de Estado. 

A Dina se le investiga porque tras las protestas se registraron más de 49 fallecidos por enfrentamientos directos con efectivos policiales. 

Asimismo, el fiscal de Perú aseguró que recibieron varias denuncias de representantes de la sociedad civil peruana, quienes señalaron que existe un clima de hostigamiento contra los fiscales que investigan casos de corrupción contra altos funcionarios, los intentos de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura, y una criminalización contra los operadores de justicia.

Los mencionados representantes de la sociedad civil presentaron un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional donde se señala que  desde julio de 2022, al menos 10 equipos fiscales han sido removidos o suspendidos, y enviados a cubrir puestos en los que no tienen experiencia.

Esto por la “criminalización” de fiscales para generar una presunta restricción en sus labores. 

Como ejemplo puntualizaron el caso del fiscal coordinador del Equipo Especial que investiga el escándalo Lava Jato, Rafael Vela, que ha sido suspendido por 8 meses en el cargo, con la consecuente pérdida de su protección personal.

Caso JNJ 

En relación a la investigación contra la Junta Nacional de Justicia, el comisionado relator para derechos humanos, Edgar Stuardo Ralón, recalcó que la CIDH se mantiene preocupada por el caso contra la mencionada entidad. 

"La comisión siempre se ha pronunciado en que la figura de la acusación utilizada contra los operadores de justicia forma parte de un catálogo para debilitar la división del poder", anotó Ralón.

Asimismo alegó que la JNJ es un “organismo clave para garantizar la independencia e idoneidad de los operadores de justicia”. 

En la misma posición se mantuvo el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien aseguró que habrá transparencia para la próxima elección de los nuevos miembros de la JNJ. 

El llamado general de las asociaciones civiles es que se realice un monitoreo internacional en relación al hostigamiento a los fiscales de Perú, asimismo piden que el Congreso de la República detenga los juicios políticos contra los operadores de justicia. 

Por último exhortaron a que el Ministerio Público garantice la libertad de expresión de sus fiscales.