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GlaSs, quien se encuentra en la embajada de México en Ecuador, solicitó la semana pasada asilo político.

GlaSs, quien se encuentra en la embajada de México en Ecuador, solicitó la semana pasada asilo político. | Foto: EFE

Publicado 29 diciembre 2023



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De acuerdo con medios locales, la magistrada a cargo del caso señaló que el exfuncionario público no reunía los requisitos.

La jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito, Melisa Muñoz, negó este jueves el pedido de prelibertad del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2018).

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De acuerdo con medios locales, la magistrada señaló que el exfuncionario público no reunía los requisitos para acogerse a ese estatus. Además, ordenó su localización y captura para devolverlo a prisión.

Por su parte, Glas, quien se encuentra en calidad de “huésped” en la embajada de México en Ecuador, solicitó la semana pasada asilo político a este país luego de argumentar temor por su seguridad en medio de la persecución judicial.

Durante la audiencia judicial, representantes del sistema penitenciario exigieron la revocación de las medidas cautelares a favor del exvicepresidente, con las cuales ganó su libertad en noviembre de 2022.

En cuanto a la solicitud de prelibertad, apuntaron que durante el periodo en prisión Glas obtuvo una calificación de 2.83 puntos sobre 10.

Tras conocer el resultado, el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, denunció la persecución judicial contra Glas y subrayó que, si bien la jueza justificó que el exvicemandatario no tenía estudios, el mismo cuenta con dos maestrías reconocidas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

A su vez, la defensa de Glas argumentó que cumplió más del 60 por ciento de la condena única de ocho años por presunto delito de cohecho, antes de ser liberado en noviembre pasado.

En ese entonces, el exvicepresidente obtuvo la cautelar dictada por el juez de Santo Domingo, Emerson Curipallo, quien recientemente está involucrado en el caso Metástasis, el cual señala supuestos nexos entre el crimen organizado y miembros del sistemas judicial y penitenciario.


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