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Autoridades judiciales denuncian que el procedimiento está viciado por falta de transparencia en selección de los postulantes.
El Congreso de Perú resolvió este miércoles avanzar con el proceso de designación de jueces para el Tribunal Constitucional (TC) en evidente desacato a la orden judicial emitida por la Corte Superior de suspender este proceso.
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El pleno del Legislativo, de mayoría conservadora, invocó su autonomía contrariando la decisión de la jueza del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior, Soledad Blácido.
Durante la sesión, la magistrada recibió acusaciones de violar los fueros legislativos y amenazas de ser denunciada penalmente.
La Corte Superior decidió posponer la designación debido a que el Congreso retomó el proceso en una ampliación irregular de su período ordinario de sesiones.
A juicio de Blácido, ello implicaría que el procedimiento esté viciado por falta de transparencia al momento de calificar a los postulantes.
#LoÚltimo Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la @CSJdeLima decidió ordenar al @congresoperu disponga la suspensión provisional de la elección de Magistrados del @TC_Peru programada para el 7 y 8 de julio del 2021.
— CSJ de Lima (@CSJdeLima) July 6, 2021
Lea la resolución: https://t.co/2vCAwQnO5r pic.twitter.com/wUc6PRLdK4
En su resolución, la magistrada otorgó un plazo de cinco días al Congreso para que conteste la demanda.
Sin embargo, la mayoría opositora en el Legislativo apuesta por elegir a los seis magistrados del TC antes que concluya la ampliación de la cuarta legislatura extraordinaria, el próximo 16 de julio.
Toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales sin perjuicio de impugnarlas ante la instancia correspondiente, si así lo considera.
— Elvia Barrios Alvarado (@Elvia_BarriosAl) July 7, 2021
Según expertos, la precipitada designación busca contar con un TC integrado por posiciones conservadoras para bloquear las medidas de cambio proyectadas por el virtual presidente electo, Pedro Castillo.
La decisión del Congreso fue cuestionada por el equipo de Castillo y por varias organizaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que recibió apoyo de las fuerzas derechistas que apoyan las pretensiones de la candidata neoliberal a la Presidencia, Keiko Fujimori.
