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La Sala de Reconocimiento de la JEP señaló que los militares operaban como una estructura criminal que inflaba resultados operacionales a cambio de incentivos.

La Sala de Reconocimiento de la JEP señaló que los militares operaban como una estructura criminal que inflaba resultados operacionales a cambio de incentivos. | Foto: Prensa Latina

Publicado 15 julio 2021 (Hace 6 horas 19 minutos)



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Los imputados fueron declarados máximos responsables de 127 asesinatos y desapariciones forzadas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este jueves a otros 15 miembros del Ejército  por crímenes de guerra y de lesa humanidad, a quienes declaró máximos responsables de 127 asesinatos y desapariciones forzadas del caso conocido como falsos positivos.

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Durante una conferencia de prensa, el magistrado Óscar Parra informó que fueron acusados dos tenientes coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa.

Estos formaban parte de una organización criminal que, entre enero de 2007 y agosto de 2008, presentó como guerrilleros muertos en combate a civiles en estado de indefensión, quienes fueron ejecutados por el Ejército o por paramilitares.

Según la información, con ello procuraban inflar los resultados operacionales a cambio de incentivos como permisos, viajes, descansos, pagos en dinero y otros.

Parra detalló que los imputados operaban en el norte del departamento de César y al sur de La Guajira, en la región caribe colombiana. La Sala de Reconocimiento de la JEP analizó las actuaciones y reconoció dos patrones macrocriminales.

En un primer patrón se agrupan crímenes contra personas a las que señalaban como integrantes de grupos armados ilegales o de delincuencia común. Esto lo realizaban sin verificar esos señalamientos y en alianza con paramilitares del Frente Mártires del Cacique de Upar, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

“Los pueblos indígenas wiwa y kankuamo sufrieron particularmente un daño grave, diferenciado y desproporcionado por las acciones de esta unidad militar”, detalló.

Sobre el segundo patrón, el magistrado señaló que seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad, a las que engañaron con promesas de trabajos y posteriormente asesinaban.

“La presión por resultados en medio del inicio de la desmovilización paramilitar fue esencial para que se adaptara el plan criminal para continuar respondiendo a la necesidad de presentar bajas sin importar el origen de las víctimas”, dijo Parra.

Durante la conferencia, también se precisó la responsabilidad de los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez. Además, 75 crímenes ocurrieron bajo el mando de Mejía y 52 bajo el de Figueroa Suárez.

La semana pasada, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a diez militares y a un civil por el asesinato de 120 personas en el Catatumbo, departamento Norte de Santander, así como de 24 desapariciones forzadas.

En febrero pasado, la JEP informó la invesrigación de 6.402 casos de falsos positivos. El 78 por ciento de ellos ocurrieron entre 2002 y 2008, en coincidencia con el mandato del expresidente Álvaro Uribe.


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