Chilenos exigen libertad de presos políticos de revuelta social

Distintos sectores chilenos mantienen una campaña pública, incluidas las redes sociales, para exigir la libertad de todos los presos políticos de la revuelta registrada principalmente entre octubre de 2019 y marzo de 2020 en el país suramericano.

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En una carta, organizaciones de familiares de presos políticos se solidarizaron con Freedom Astorga, quien realiza desde el pasado 5 de marzo una huelga de hambre en la cárcel Nudo Uribe, Antofagasta, ubicada en el extremo norte del país.

Astorga, de 20 años de edad, lleva más de un año en prisión preventiva por, presuntamente, quitarle un arma a un carabinero en el contexto del estallido social, sin ninguna prueba.

El joven, quien denunció que ha sido sometido a torturas, exige el fin de su prisión política, y de continuar advirtió que el próximo 9 de abril comenzará una huelga seca (sin ingerir líquidos).

Las organizaciones firmantes de la carta pidieron no olvidar “a aquellxs compañerxs que han sido encarcelados injustamente por un Estado y un gobierno que busca criminalizar la protesta, utilizando la prisión preventiva como una método de castigo, manteniendo a lxs jóvenes en prisión, aplazando reiteradamente las fechas de los juicios”.

En forma paralela, jóvenes, estudiantes y trabajadores de diferentes regiones de Chile efectúan una campaña para exigir la libertad de Tania Sampson, estudiante de la carrera de antropología quien fue detenida de forma violenta por Carabineros de civil tras la marcha realizada en Arica (norte) en conmemoración del Día Internacional de la Mujer de 2020.

El juicio de Sampson, quien estuvo unos meses en la cárcel y ahora se mantiene en arresto domiciliario, iba a celebrarse el martes pasado, pero fue postergado para abril.

El sacerdote jesuita Felipe Berríos, entrevistado por Radioanálisis, dijo que el Gobierno ha llevado a cabo una campaña “muy buena” para posicionar a estas personas como culpables de todo lo sucedido, acusándolos de delincuentes.

Sin embargo, afirmó Berríos, “en realidad son jóvenes que la mayoría estudia o trabaja, muchos de ellos adolescentes y que no se les ha juzgado porque las pruebas que hay son insuficientes (...) y la mayoría de estos jóvenes ya lleva más de un año en prisión preventiva y en tiempos de pandemia donde no reciben visitas”.