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Un nuevo caso de corrupción contra el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, por la construcción fraudulenta de una terminal portuaria.
Pérez Molina y Baldetti están en prisión bajo cargos de cohecho y defraudación aduanera por el caso conocido como "La Línea".
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La estructura criminal era integrada por funcionarios, empresarios y particulares que habrían recibido al menos 30 millones de dólares en sobornos como pago de una comisión por la adjudicación de un contrato para gestores nacionales e internacionales de dicho contrato, según denunció la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
"A Pérez Molina le fueron entregados 4,2 millones de dólares (en sobornos)". La misma cantidad habría sido entregada a Baldetti, dijo en rueda de prensa Iván Velásquez, jefe de la CICIG, un ente investigador autónomo, respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos, que colabora con el Ministerio Público.
"Podemos afirmar que el expresidente utilizó su cargo con este negocio para obtener beneficios económicos directos y en detrimento del país", dijo Velásquez.
Por delitos como lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo, enriquecimiento ilícito y fraude serán procesados todos los miembros de la estructura.
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Detalles del caso
Se trata de un presunto cobro de sobornos por 25 millones de dólares después de la negociación y posterior concesión de Puerto Quetzal a una empresa española, dinero que luego repartió entre varios colaboradores de su gobierno.
Según investigaciones preliminares, Pérez Molina y su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, acordaron cobrar casi 25 millones en cuotas entre 2012 a 2015.
Molina adjudicó en 2012 a la compañía Terminales Contenedores de Barcelona un contrato para construir y gestionar durante 25 años una terminal en Puerto Quetzal, el más grande del país centroamericano.
Además de Molina y Baldetti, está señalado Douglas René Charchal, magistrado de la Corte Suprema, contra quien se pedirá un antejuicio para poder investigarlo, dijeron las autoridades.
Los políticos se beneficiaron con viviendas lujosas, lanchas, equipo marino, dinero en efectivo y otros inmuebles con los sobornos obtenidos en el caso de corrupción en la Terminal Quetzal, según reseña Prensa Latina.
Caso La Línea
La red de defraudación aduanera "La Línea" operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala y permitió la entrada de al menos 500 contenedores de mercancía de manera ilegal.
Tales negociaciones fraudulentas ocurrieron por la complicidad de varios funcionarios, familiares y colaboradores cercanos al expresidente y la ex vicepresidenta, acusados de ser los principales líderes de la organización.
Además, lograron conseguir al menos el 50 por ciento de las ganancias.
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