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La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSP) declaró legal la detención de Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional de ese país, tras las escuchas ilegales de llamadas telefónicas llevadas a cabo durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
En el caso de Pérez hay elementos probatorios que demuestran que desde el año 2012 y principios de 2014 se interceptaron teléfonos y correos electrónicos en un edificio ubicado dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional, en la capital de Panamá, señaló la Corte.
Por otro lado, respecto a Garuz, se demostró que hubo grave afectación a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de numerosas personas.
“Queda fundada la inferencia sobre el riesgo de obstrucción, del posible peligro de fuga y de destrucción de evidencias o pruebas, pues ha quedado claro en el expediente que solo se ha podido recuperar una parte de los archivos que contienen las grabaciones, documentación, información, etc.”, expresó el magistrado Abel Zamorano, citado por el diario local, La Prensa.
Zamorano manifestó que la gravedad de los hechos apuntan a que esas intervenciones procedían de servidores públicos, que en vez de proteger los derechos de las personas los vulneraron.
El magistrado también destacó que aún no se han localizado los equipos y a otros dos acusados. Garuz y Pérez tampoco han cooperado para ubicar los hardware y existe la posibilidad de que aún se estén dando intervenciones telefónicas de manera clandestina.
En contexto
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá aprobó el pasado 28 de enero abrir una investigación contra del expresidente Ricardo Martinelli por estar involucrado en casos de corrupción durante su gestión de Gobierno.
Por un contrato de 13.5 millones de dólares, Martinelli adquirió un equipo para interceptar las comunicaciones con el que se llevaron a cabo espionaje a llamadas, a correos electrónicos y plagio de fotos.
Por el caso ya suman 150 víctimas, entre empresarios, políticos, periodistas, magistrados del Tribunal Electoral, de la Corte y líderes de la sociedad civil.
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