En 2015, la Embajada norteamericana, activó la “primavera de colores”, bajo la bandera de “guerra contra la corrupción”, con la finalidad de legitimarse en el “imaginario latinoamericano” como el “guardián contra la corrupción” y así perseguir a todos los gobiernos progresistas de la región (contrarios a sus intereses) acusándolos de corruptos.

Aquel policromático teatro en Guatemala le sirvió a los EEUU para promover la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, perseguir penalmente a Rafael Correa en Ecuador, encarcelar a Lula en Brasil, darle muerte política a Cristina Fernández en Argentina.

En 2023, la Embajada norteamericana y la USAID, idearon el teatro de la “defensa de la democracia” para instaurar el gobierno de un partido político, Semilla, que ellos prohijaron. Un partido socialdemócrata neoliberal, proimperial.

Al grado que, ante la insistencia de un sector de la oligarquía “desobediente a Washington” de investigar y sancionar a dicho partido político por la supuesta falsificación de los 8 mil firmas (de los 23 mil) en su proceso de inscripción, y ante el encaprichamiento de la Fiscalía por investigar las actas de los resultados electorales del 2023, la Organización de los Estado Americanos (OEA) conminó al presidente Alejandro Giammattei y a la Fiscalía a no proseguir con la investigación a Semilla “por ser atentatorio a la democracia electoral”.

Si en 2015 el teatro de la lucha contra la corrupción made in USA era para legitimar a los EEUU en su “guerra contra el progresismo regional desobediente a Washington”.  Esta “batalla por la democracia que se libra en Guatemala” es para legitimar a los EEUU en su intento de “instaurar gobiernos progresistas obedientes a Washington en el Continente”.

Si todo sale bien, en diferentes países del Continente atestiguaremos “batallas por la democracia” en las calles y en las urnas para instaurar progresismos oleados y sacramentados por Washington.

¿Qué tienen que ver las organizaciones indígenas, hasta el momento apolíticos, y ahora “guerreando” por la destitución de una Fiscal desobediente a Washington?

En 2015, el Embajador norteamericano en Guatemala, Todd Robinson, desde alguna escuelita semidestruida del país, arengó contra la corrupción y convocó a las calles a la guatemalticidad indignada por la corrupción. La prensa corporativa, y las ONG que recibían fondos de la USAID replicaron dicha convocatoria, y salió la clase media urbana a las plazas encabezando dicha batalla emotiva.

8 años después, el resultado de aquel teatro es más que nefasto: decenas de abogados, fiscales y jueces perseguidos, procesados, exiliados, encarcelados, por el sector de la oligarquía desobediente a Washington que ahora tiene controlado todo el aparato estatal, porque los EEUU abandonó a los “guerreros contra la corrupción”, luego de sus proezas en las guerras anticorrupción libradas en el Continente. La corrupción creció.

¿Por qué 48 Cantones y Alcaldía Indígena de Sololá?

En 2023, entran en acción la organización indígena de los 48 Cantones del Departamento de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá. Ambas organizaciones, históricamente apolíticas, públicamente afines a la USAID (se evidencia en sus fotografías de actos oficiales y en el informe financiero de la USAID)

En la guerra interna (1960 a 1996) ambas organizaciones resultaron ilesas. De lo que se conoce de las luchas de estas organizaciones legítimas en sus territorios, nunca cuestionaron al Estado nación criollo racista, mucho menos se organizaron políticamente para disputar el poder a los ricos del país. Es más, sus territorios fueron bastión para el triunfo electoral de partidos de ex militares genocidas.

EEUU no sólo busca ensayar su gobierno progresista en Guatemala, sino también, legitimar a su actor social policromático sin ningún horizonte plurinacional

A los EEUU, no sólo le interesa instaurar en Guatemala un gobierno progresista obediente a sus intereses, sino también le urge constituir y legitimar (en el imaginario nacional) un actor social obediente y proactivo con los intereses de Washington, capaces de obnubilar la emergencia de sujetos sociales plurinacionales antineoliberales o antiimperiales que sí existen en Guatemala.

Si la organización de los 48 Cantones y la Alcaldía Indígena de Sololá son genuinamente indígenas, conscientes de la colonización interna de sus pueblos ¿por qué exigen únicamente la destitución de funcionarios judiciales desobedientes a los intereses de Washington? ¿Acaso no saben por historia que los sustitutos de dichos funcionarios serán igual o peor de letales con los pueblos indígenas? ¿Por qué buscan reformar, reoxigenar, reoperativizar un bicentenario Estado criollo que los despojó de sus bienes comunes? ¿Por qué no plantean la necesidad de un proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional para crear un Estado plurinacional con autodeterminación de los pueblos? ¿Por qué defienden una democracia liberal/patronal que los convirtió en peones electorales?

Quizás esta coyuntura con efervescencia social sea un momento para que estas organizaciones indígenas y las otras que están en las calles transiten de las demandas destituyentes de funcionarios públicos hacia demandas constituyentes por el consenso de una Constitución Política que reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derechos políticos (y no únicamente como objetos culturales como en la actualidad). Los pueblos indígenas necesitan un Estado plurinacional, porque el Estado nación que existe opera como finca patronal y maltrata a los indígenas como peones indeseables.

Importante indicar que en Guatemala existen movimientos indocampesinos que promueven, desde hace más de una década, la realización de un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para superar el colonialismo interno que sufren los pueblos originarios y crear un Estado plurinacional. Y es más, esos movimientos comunitarios anti imperiales y anti neoliberales, están en las calles, en los paros, gritando sus mensajes y sus consignas. Pero, son invisibles para la prensa corporativa y para la prensa alternativa financiada por la USAID.

No aparecen en los relatos, ni del presidente electo Bernardo Arévalo, ni de las autoridades ancestrales (ahora constituidos en los guardianes de la democracia racista), mucho menos en los escritos de los “intelectuales mayas o no” promovidos por la USAID.

¿Quién se beneficiará con el fortalecimiento del bicentenario Estado racista?

Nadie sabe si Bernardo Arévalo resistirá la “justicia mañosa” que le aplica el sector desobediente a Washington. De asumir la presidencia, es muy probable que claudique en su prometida “lucha contra la corrupción” y pacte con sus oponentes, en aras de reunificar a la oligarquía y pacificar a la Guatemala oficial.

Lo cierto es que el Estado de Guatemala seguirá siendo racista, etnofágica y letal para con los pueblos indígenas. Es probable que algunos cargos estatales de rango bajo, en el nuevo gobierno, sean ocupados por quienes fungen como autoridades indígenas o como intelectuales mayas. Pero, Guatemala seguirá siendo tan racista como fue y es en sus dos siglos de República (aunque se haya aplaudido o regalado comida a “valientes” indígenas en el paro nacional indefinido) porque nació para aniquilar a indígenas obedientes y desobedientes por igual. Esta es la razón del por qué se debe soñar con otro Estado, con otro ordenamiento jurídico, con otras instituciones plurinacionales y con otros proyectos de vida.

Multitud espontánea y simultánea en las calles

Al momento, quizás replicados y motivados por las redes sociodigitales, existe una efervescencia social movilizada por todas partes del país. Desde rincones insospechados van surgiendo “mantas” y gritos de “ciudadanía indignada y repudiando a los funcionarios corruptos”.

Existen expresiones de bondad y solidaridad por parte de la vecindad para con los manifestantes a quienes les ofrecen comida y bebida. Esto es real. El tiempo explicará qué o cómo se activó esta inédita efervescencia que supera con seguridad la capacidad organizativa de los 48 Cantones o Alcaldía Indígena de Sololá, cuyos radios de acción se circunscribe a dos departamentos.

Deseamos que esta molestia popular movilizada, cual si fuese una magma volcánica que recorre por las calles, vaya tomando no sólo forma organizativa para transitar hacia una democracia real en el país, sino sobre todo avance en sus demandas de la simple destitución hacia un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para crear un nuevo país donde indígenas y campesinos dejemos de ser peones o siervos para la “democracia patronal” o para “reoxigenar al letal Estado nación etnofágico”.