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El abandono de todos los gobiernos a sus obligaciones constitucionales en materia de vivienda ha traído como consecuencia que se acumule más de un millón de panameños pobres sin viviendas.
Integrantes de la Coordinadora Victoriano Lorenzo, marcharon este martes para exigir al gobierno legalización de tierras y el cese de desalojos a la fuerza en la Ciudad de Panamá.
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La organización, que aglutina a 22 comunidades que viven en asentamientos informales panameños y se movilizó desde el parque Porras hacia el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, exige el cese a los desalojos forzosos por parte de la policía y del Servicio Nacional de Fronteras.
Exigen el acceso a viviendas dignas y la legalización de los terrenos, así como el derecho a la tierra y a la vivienda digna como universal e inalienable y que el Estado debe garantizar.
Las y los movilizantes recorrieron estas calles pronunciando las consignas “La vivienda es un derecho, no un negocio”; “Abajo las políticas neoliberales”; “Abajo la corrupción”; “Expropiación de tierra ya”, “Exigimos nuestros derechos”.
Asimismo indicaron que el Estado debe garantizar el derecho al agua potable, energía eléctrica, seguridad, y todas las condiciones que garanticen soluciones básicas al hogar.
“En la República de Panamá se violan estos Derechos sin explicación a pesar de que se encuentran garantizados para toda la población en la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 117, en el Código de la Familia en su artículo 626, 627, 628 y 630, y a nivel internacional en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU”, acotó una publicación de la Coordinadora Victoriano Lorenzo.
Asimismo fundamentan que la negación de estos derechos “se dan debido a que todos los Gobiernos a partir de inicios de los años 80 decidieron sin consultar con la población imponer a la fuerza las Políticas neoliberales que permitieron a los banqueros y empresarios crear empresas privadas inmobiliarias para construir viviendas caras, pequeñas y de muy mala calidad, usurpando las funciones constitucionales del Estado panameño”.
El abandono de los Gobiernos a sus obligaciones constitucionales en materia de vivienda ha traído como consecuencia que se acumule más de un millón de panameños pobres sin viviendas, puesto que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial MIVIOT se niega a construir viviendas dignas de interés social para la población en terrenos públicos, con fondos públicos a precio de pueblo.
“Todo esto nos lleva a reflexionar, organizarnos de forma disciplinada y prepararnos para la gran batalla contra las políticas neoliberales de pobreza, hambre y miseria hasta lograr respeto a todos nuestros derechos básicos”, insistió el gremio.
