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Las investigaciones por un total de 49 muertes, a nivel nacional, en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden en las protestas, de diciembre a febrero de este año, aún no han determinado las responsabilidades.

Las investigaciones por un total de 49 muertes, a nivel nacional, en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden en las protestas, de diciembre a febrero de este año, aún no han determinado las responsabilidades. | Foto: LaLineaPe

Publicado 15 diciembre 2023



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La presidenta designada Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, además de los entonces ministros del Interior han sido denunciados por la Fiscalía por presunto genocidio.

Varias ciudades de la región Ayacucho, al sureste de Perú, desarrollan este viernes un paro para reclamar al Gobierno de facto por la muerte de diez personas y lesiones a 70 en las protestas que se produjeron hace un año en este territorio surandino contra la presidenta designada, Dina Boluarte, y el Congreso.

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El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) convocó hace varios días a la paralización de actividades en memoria de los fallecidos y para exigir "que se vayan todos los corruptos", "por justicia, dignidad y democracia", y "por la libertad de todos los detenidos en el marco de las luchas por la defensa de la democracia", según anunciaron en redes sociales.

Las escuelas de la región suspendieron las clases escolares y, de igual forma, mercados y comercios permanecían cerrados en las primeras horas del día.

En horas de la mañana, en la catedral de la ciudad de Huamanga se realizó una misa en memoria de los diez fallecidos del 15 de diciembre del 2022, a la que acudieron los familiares de las víctimas y ciudadanos que se acercaron para darles el pésame.

En adición, varios medios de comunicación, publicaron este viernes testimonios e imágenes de la represión de los manifestantes que llevó a cabo el Ejército, además de la Policía Nacional, en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho y del cementerio de Huamanga hace exactamente un año.

Las investigaciones por un total de 49 muertes, a nivel nacional, en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden en las protestas, de diciembre a febrero de este año, aún no han determinado las responsabilidades de los hechos, a pesar de las evidencias presentadas por medios de comunicación. 

La presidenta designada Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, además de los entonces ministros del Interior han sido denunciados por la Fiscalía por presunto genocidio, pero estas autoridades han negado su responsabilidad en los hechos, al señalar que no hubo órdenes en ese sentido.


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