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Durante las próximas movilizaciones se continuará exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones adelantadas y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Durante las próximas movilizaciones se continuará exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones adelantadas y la convocatoria a una asamblea constituyente. | Foto: EFE

Publicado 13 julio 2023



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Sectores opositores a la presidenta Dina Boluarte convocaron las manifestaciones entre el 19 y el 28 de julio.

El Gobierno de Perú decidió prorrogar por 30 días la declaración de estado de emergencia en las principales carreteras del sur del país ante el anuncio de nuevas protestas antigubernamentales, informó este miércoles el primer ministro, Alberto Otárola.

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Según indicó, la decisión fue tomada por el Consejo de Ministros que se comprometió a respetar el derecho a la manifestación. No obstante, el ejecutivo remarcó que esta no deberá afectar a las personas ni los bienes públicos y privados.

Según precisó, se mantendrá el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur que comprende las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, así como en el Corredor Vial de la Interoceánica Sur, que recorre la costa, sierra y selva del país hasta llegar a Brasil.

La finalidad de esta medida es "garantizar la libre circulación" durante las celebraciones del aniversario de la independencia peruana, que tienen como fecha central el 28 de julio, y para mantener "el derecho a la libre movilización especialmente la próxima semana", aseguró.

Sectores opositores a la presidenta Dina Boluarte convocaron a acciones de protesta para el 19 de julio como las ya celebradas en diciembre de 2022 y en enero de 2023, pocas semanas después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo.

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Las organizaciones participantes en la denominada Tercera Toma de Lima continuarán exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales adelantadas y la convocatoria a una asamblea constituyente, de la que nazca una nueva Constitución. 

A esos reclamos se unen que se haga justicia con los civiles asesinados durante las protestas contra el Gobierno de Boluarte -hasta el momento no se ha abierto ninguna causa pena para determinar responsabilidades sobre esas muertes- y la liberación del expresidente Castillo, electo por voto popular.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , la represión del gobierno peruano desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre pasado ha dejado 50 muertos, una veintena de ellos por impactos de bala de las fuerzas militares.


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