Gobierno mexicano presenta informe sobre el caso de Ayotzinapa

El Gobierno de México y la fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa apuntan a tres posibles “causales” de la desaparición de los 43 normalistas rurales el 26 de septiembre de 2014, conocida como la Noche de Iguala.

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A nueve años de la desaparición de los jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero, y tras un informe oficial del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que ocultó la verdad de lo ocurrido, este martes se dio a conocer el informe sobre “Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada”.

En el mismo se presentan las tres “causales”: se les confundió con otro grupo delictivo; una revancha por parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca; o la posibilidad que en alguno de los autobuses tomados por los jóvenes hubiese droga, armas o dinero relacionado con el trasiego de drogas.

El documento refiere: “De acuerdo con diversos testimonios, es probable que a los estudiantes se les haya separado en al menos tres grupos y que los hayan llevado a diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco”.

Asimismo, revela que existían vínculos entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos efectivos del Ejército y la Policía Federal, con el grupo delictivo señalado como el perpetrador de los crímenes.

Militares y federales “recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.

Asimismo, revela como el expresidente municipal, José Luis Abarca; y su esposa María de los Ángeles Pineda, “inyectaba dinero a la organización” de Guerreros Unidos, junto con el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana.

"Los jefes de las policías de los municipios de Huitzuco, Cocula, Tepecoacuilco e Iguala eran a la par integrantes de Guerreros Unidos; incluso se encargaban de dar protección y escolta a sus integrantes", afirma el reporte gubernamental.

Estos entes recibían dinero, facilitaban el trasiego de drogas, proveían armas y municiones y protegían al grupo criminal.