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No fueron llevados al Hospital porque en su última resolución donde dejó en firme la resolución del 23 de agosto, la jueza no puso que los llevaran.
Los cinco líderes comunitarios y ambientalistas salvadoreños, quienes estaban en prisión desde enero pasado procesados supuestamente por perpetrar un asesinato en el contexto de la guerra civil (1980-1992), fueron trasladados este martes a sus casas para cumplir con la medida de arresto domiciliar.
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Un comunicado de la Asociación de Desarrollo Económico-Social (ADES-Santa Marta) explica que "en la madrugada de este martes 5 de septiembre nuestros líderes comunitarios fueron trasladados a sus casas por elementos de la Policía".
En esos mismos términos se expresó el abogado defensor Dennis Muñoz" El traslado se hizo efectivo la madrugada de este martes".
Nuestros líderes comunitarios ya están en sus casas. ¡Infinitas gracias a todas y todos!
— ADES Santa Marta (@ades_sm) September 5, 2023
Pronto informaremos más detalles.
¡Lucharemos hasta que sean absueltos! @PDDHElSalvador @CIDH @ONU_es pic.twitter.com/71f58MKc4Y
El comunicado de ADES expresa también que "no fueron llevados al Hospital porque en su última resolución, donde dejó en firme la resolución del 23 de agosto, la jueza no puso que los llevaran. Esa omisión hizo que los llevaran a las casas sin pasar por el hospital".
Asimismo, informan que aun no hay "un diagnóstico exacto y detallado de su situación de salud, pero - por los informes de Medicina Legal- consideramos que el estado es delicado".
El traslado de los hombres se da al menos 13 días después de que un juzgado de Instrucción cambiara la medida de detención a arresto domiciliar para los líderes.
Los procesados son los activistas Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas. Además de Fidel Recinos, quien no pertenece a la comunidad Santa Marta.
Los cinco activistas son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte), que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
No obstante la excarcelación de esta madrugada, ADES avisa que va "a continuar con acciones legales hasta que el proceso penal sea anulado, por falta de pruebas y por la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, bajo la cual la acusación contra los compañeros es improcedente. Vamos a presentar un recurso de nulidad y a reiterar la petición a la Fiscalía de que retire la acusación".
Los líderes de dicha comunidad empujaron por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.
