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El proceso, aprobado con cinco votos a favor y uno en contra, pasará ahora a manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, encargada de ejecutarlo.
El juicio político contra la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, fue aprobado este jueves por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras petición presentada el pasado 27 de noviembre por la asambleísta Gissela Garzón, de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana.
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La decisión se aprobó con cinco votos a favor y uno en contra. El proceso pasará ahora a manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, encargada de ejecutarlo.
De acuerdo con Garzón la acusación radica en que la fiscal ha incumplido sus funciones en materia de seguridad. "La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan. Si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional", dijo la parlamentaria.
#Hoy| En rueda de prensa @VivianaVeloz18 y @GisseGarzonM a nombre de la Bancada Ciudadana han anunciado la decisión del CAL, continuar el proceso para el Juicio Político a la Fiscal Diana Salazar.#JuicioALaFiscal pic.twitter.com/iskBUab9jt
— Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) December 7, 2023
El presidente de la Asamblea legislativa, Henry Kronfle, señaló no estar de acuerdo con este proceso. Tampoco las otras bancadas lo apoyan.
Ante el anuncio de la continuidad del proceso, la Fiscalía liberó un comunicado en que declaró que este juicio es una “flagrante transgresión al principio de independencia de funciones consagrada en la Constitución de la República” y que “carece de argumentos fácticos y jurídicos”.
Diana Salazar es la primera mujer negra en ocupar el cargo de fiscal general de Ecuador y fue la principal impulsora del proceso por presunta corrupción contra la administración de Rafael Correa, el cual tuvo como resultado la inhabilitación del expresidente, quien pertenece a Revolución Ciudadana, y su condena a ocho años de cárcel por presunto delito de cohecho.
Correa ha denunciado en muchas ocasiones que contra él hay una persecución política, un lawfare, motivo por el cual desde 2017 reside en Bélgica con el estatus de refugiado.
