Al menos 650 refugiados fueron detenidos este viernes y sábado en las costas de la provincia española de Murcia, al trasladarse en pequeñas embarcaciones.
Buques de la Armada, de la Guardia y Salvamento Marítimo fueron los encargados de trasladar en las últimas horas a los refugiados hasta la ciudad de Cartagena, donde llegaron 470 de ellos.
Las entidades gubernamentales detuvieron a 189 personas que viajaban en 19 embarcaciones, mientras que otras 34 llegaron al territorio por sus propios medios.
Hemos habilitado un pabellón con 270 camas, dispuesto comida y ropa, aseos, limpieza y transporte, mientras el Gobierno resuelve situación. pic.twitter.com/rO2S0Fldvt
— Ana Belén Castejón (@AnabCastejon) 18 de noviembre de 2017
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La Cruz Roja se encargará de atender a los detenidos y trasladarlos temporalmente al instituto de educación secundaria, para luego pasar a disposición de la Policía española.
Ante la múltiple llegada de refugiados en las últimas horas al territorio español el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ubicado en la ciudad de Murcia, se encuentra completamente lleno.
“Por el momento, podemos decir que tenemos capacidad para acoger a las personas que han llegado a nuestras costas, pero es necesario que se ponga en marcha el protocolo de acogida”, expresó la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.
Con @bernabepaco @policia @guardiacivil y capitanía marítima. Analizando oleada pateras llegadas a Cartagena. Buscando soluciones. Gracias!! pic.twitter.com/RPwrOiyJK2
— Ana Belén Castejón (@AnabCastejon) 17 de noviembre de 2017
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El mundo vive ahora la mayor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas huyen de sus países de origen, donde se registran guerra y conflictos profundizados por la acción de Estados Unidos y sus aliados europeos. De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de 2017 solo 335.158 han logrado cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.
Aunque no todos los refugiados mueren, algunos son retenidos por las autoridades locales con el fin detenerlos y hasta torturarlos, como lo ha denunciado el OIM sobre casos en Libia.