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La junta directiva de la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp anunció su intención de demandar al Estado colombiano luego de que la Corte Constitucional de ese país dictara un fallo a favor de una demanda interpuesta por congresistas del Polo Democrático, en la que se impide hacer minería en páramos y zonas protegidas.
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El fallo se basa en el capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia.
El mes pasado Colombia ya había sido notificada de una demanda interpuesta por la multinacional Tobie Mining Inc por 16 mil millones de dólares, en el marco del TLC firmado entre la nación latinoamericana y Estados Unidos.
El caso de Unión Matoso
El pueblo de Unión Matoso, en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba (norte de Colombia) vive en el abandono a pesar de estar en las cercanías de la mina de níquel de Cerro Matoso, la explotación a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo.
Las operaciones de la multinacional Cerro Matoso iniciaron desde hace más de 30 años y ha generado ganancias cercanas a los 11 mil millones de dólares, sin embargo, la población no ha visto beneficios de los años de actividad minera. En la actualidad la mina es operada por la empresa BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta.
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Claves
>> Desde que llegó el boom minero al país, el Gobierno se dedicó a otorgar títulos mineros, muchos de ellos sobre zonas ya protegidas.
>> En 2001 se habían expedido títulos para 20 mil concesiones de explotación y exploración minera en 22 millones de hectáreas.
>> Ese mismo año se otorgaron 9 mil títulos sin respetar zonas de páramos, reservas naturales productoras de agua, parques naturales ni resguardos indígenas.
>> En muchos casos, los títulos mineros otorgados antes de febrero de 2010, permanecerían vigentes de acuerdo a lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos.
>> Santos ha continuado con su llamada "Locomotora Minera" para entregar los recursos naturales y minerales del país a manos extranjeras que afecta el modo de sustento de las comunidades indígenas y campesinas.
