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El fiscal Gerardo Pollicita y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) apelaron la decisión del juez Daniel Rafecas de no reabrir la denuncia de encubrimiento terrorista contra la expresidenta Cristina Fernández.
En una resolución minuciosa de 22 páginas, Rafecas había rechazado la pretensión de la DAIA de reabrir el expediente por la denuncia de Alberto Nisman, fallecido titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), considerando que los argumentos expuestos por la Delegación de Israelitas no eran nuevos y no modificaban la situación de inexistencia de delito.
Sin embargo, Gerardo Pollicita, fiscal general, apeló la decisión de Rafecas y ahora la Sala Primera de la Cámara Federal deberá decidir sobre el caso. Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Luis María Cabral serán los jueces responsables de la decisión porque fueron quienes archivaron el caso original.
"Esta situación constituye un caso típico de selección arbitraria del material probatorio que afecta el principio lógico de razón suficiente que debe imperar en toda resolución y del cual se deriva una afectación al derecho a la tutela judicial efectiva de los pretensos querellantes", opinó Pollicita en su apelación.
El fiscal hizo la petición de "proceder a la reapertura y prosecución del presente trámite con intervención de este Ministerio Público", es decir, que se vuelva a investigar la denuncia hecha por Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández y otros allegados al gobierno.
En contexto
En 2015 la fiscalía federal argentina imputó a la expresidenta Cristina Fernández y a otros altos cargos por la acusación de encubrimiento del atentado a la AMIA de 1994.
En su defensa, el entonces gobierno de Fernández criticó que el fiscal Gerardo Pollicita tuviera la intención de hacerse cargo de la denuncia y atribuyó una posible petición de imputación a Cristina Fernández a una estrategia de "golpismo judicial" para desestabilizar al gobierno.
El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue un ataque terrorista, ocurrido el 18 de julio de 1994, con una camioneta repleta de explosivos que dejó unas 85 personas fallecidas y 300 heridas.
El 13 de febrero de 2015, por decisión de la Procuraduría General de Nación, se conformó un grupo de fiscales para la investigación del suceso.
En 2004 se creó la unidad Fiscal AMIA para realizar las investigaciones pertinentes y actuar en la tramitación de la causa principal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, con el objetivo encontrar a los responsables.
